Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El tema de los pactos colectivos que se han firmado en el Estado constituye un serio problema jurídico porque mediante ese mecanismo de negociación entre los trabajadores y el empleador, en este caso el Estado, se establecen derechos laborales que según la ley nacional y los tratados internacionales son irrenunciables y no pueden ser disminuidos, pero ocurre que esas negociaciones fueron hechas de manera espuria por funcionarios venales comprometidos con la corrupción que ha carcomido las entrañas mismas de nuestra gobernabilidad. Funcionarios como Méndez Herbruger comprometieron más allá de las realidades financieras a que se asuman obligaciones que terminarán por generar una crisis financiera de gravísimas consecuencias.
Hay que ver que ante las dificultades que se han vivido en otros países se ha tenido que legislar en forma draconiana para reducir beneficios laborales y de jubilación pactados mucho tiempo antes sin visión de futuro ni medición de las consecuencias de esos compromisos. En muchos países de Europa que habían emitido leyes conteniendo muy favorables beneficios para los trabajadores, se vieron en la necesidad de reducir esos beneficios para tratar de recuperar la estabilidad financiera y a pesar de la resistencia de los beneficiarios, hubo que implementar la política de recortes ante la presión de acreedores internacionales porque los países incurrieron en la falta de pago de sus deudas.
En una empresa privada un pacto colectivo se suscribe entre los trabajadores y los dueños de la empresa y éstos siempre velarán por la capacidad real de cumplir con los compromisos sin poner en riesgo a la empresa. Ni soñar con la posibilidad de que el sindicato de mordida a su contraparte en la negociación del pacto. Pero en el sector público el funcionario que negocia con los trabajadores está más interesado en su propio interés político que en los intereses del país y con tal de que los trabajadores lo dejen seguir robando a diestra y siniestra sin molestarlo, firman cualquier pacto aunque el mismo se convierta en un compromiso imposible de cumplir porque ni siquiera se consulta con las autoridades financieras para determinar la capacidad real que se pueda tener a futuro para honrar los pactos.
Así como en Europa y otros países que han entrado en crisis se ha aceptado la disminución de ciertos beneficios sociales y laborales, en el caso de Guatemala se tiene que evitar la crisis actuando ahora mismo para revisar esos pactos que son inmorales por la forma en que fueron suscritos y que son absolutamente lesivos a los intereses del país.
Lo que estamos viendo ahora en el Congreso es inaceptable. Y eso que no se ha dicho que los trabajadores se aseguraron hasta el derecho de heredar sus plazas a sus parientes, privilegio que no se concibe en ningún tratado sobre las prestaciones y beneficios que se deben otorgar al trabajador.
Pero no es únicamente el Congreso el que está en esa situación sino que muchas dependencias de la administración pública porque la corrupción de los funcionarios las hizo ceder ante presiones irracionales de grupos sindicales que sacaron raja a la descomposición moral que se adueñó del país.
