Raul Molina
Finalmente y, por fortuna, sin sorpresas de último momento, llegó a su término el período de Alejandro Maldonado. No fue intrascendental, ya que se dieron suficientes desaciertos como para calificarlo de muy negativo. Fue un período característico del MLN –plegado a Estados Unidos, beneficiador de los grandes ricos, contrario a trabajadores y campesinos, en contubernio con la casta militar, indiferente ante las violaciones de los derechos humanos, y autoritario. Además, fue muy ineficiente e indiferente ante la conflictividad social y política, con acumulación constante de problemas que harán que gobernar el país sea aún más difícil. Ha entregado a otro gobernante un país en crisis y en quiebra.
Tomó posesión el binomio Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, sin que la población se haga mayores expectativas en términos de la capacidad y honestidad ni de ellos ni del partido en el gobierno.
El discurso del mandatario, carente de ideas sustanciales o iniciativas mínimas, no delineó un curso de acción que pueda llevar seguridad y confianza a una ciudadanía que ha roto la apatía y el escepticismo, y que está cansada del sistema político. Para colmo, el gabinete de gobierno, aún incompleto, así como el personal de confianza, generan incertidumbre y preocupaciones. En su discurso, con matices de fundamentalismo religioso, Morales sugiere que algunos problemas se resuelvan con milagros, sin confrontar a los poderosos, tanto locales como extranjeros, y traslada a la ciudadanía la responsabilidad de resolver problemas graves del país que le incumben al Estado. Atinadamente, los medios de prensa critican ya la falta de lineamientos para combatir la violencia y la corrupción o la marginación y la pobreza. El único gesto acertado de Morales fue solicitar al Vicepresidente Biden de EE. UU. que se conceda el TPS para las y los centroamericanos en Estados Unidos, en base a la violencia criminal que azota a la región.
La falta de definición en el gobierno es un gran riesgo para Morales. El propio 14, a lo largo del día, se produjeron diversas expresiones de impaciencia, por un lado, como el caso de los médicos de los hospitales nacionales; de exigencia, como diversas organizaciones del movimiento popular; y decisiones de ejercer auditoría y pedir la rendición de cuentas, de parte del movimiento ciudadano por la dignidad. Concentraciones y marchas de numerosas personas de muy diversos sectores, no masivas pero sí representativas, recibieron al Presidente y Vicepresidente con demandas muy firmes para modificar sustancialmente el Estado.
Resulta claro que la lucha iniciada en abril de 2015 no ha concluido, porque la crisis nacional no ha sido superada. Hay una nueva convocatoria para acudir a la Plaza de la Constitución el sábado, 16 de enero, la cual puede y debe de ser, de nuevo, multitudinaria. Desde la RPDG/MUPP planteamos que la cuenta regresiva de este gobierno ha comenzado. Si Morales y sus colaboradores hacen bien las cosas, faltan 1460 días para su cambio. No obstante, de ser un gobierno que no atiende las necesidades de las grandes mayorías, esa cuenta podría ser de apenas 730 días o aún menos tiempo.
