Francisco Cáceres Barrios
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En Guatemala cada vez más nos alejamos de cumplir con la virtud cardinal que define a la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Recuerdo que allá por el año 1957 cuando con un grupo de mozalbetes iniciábamos nuestros estudios de derecho escuchamos atónitos de un catedrático la pregunta ¿a qué vinieron a esta Facultad, a aprender el conjunto de virtudes que integran la justicia o a obtener el título que, como patente de comercio, van a colgar en una de las paredes del bufete? Me impresionó tanto que la recuerdo puntualmente y más todavía, cuando veo con tristeza en estos días, cómo se pretende manejar suciamente la garantía del bien individual y del bien social. De seguir por este rumbo indudablemente vamos por el peor de los caminos.
¿Cómo quieren hablar de justicia cuando se argumenta aplicarla solo a un solo sector del conflicto armado interno que hizo sangrar a nuestra sociedad por 36 años, mientras el otro, el causante de las desgracias, dolores y llantos por todos conocidos, quedó muy tranquilo después de haber firmado supuestos acuerdos de paz, que lo único que lograron fue prolongar indefinidamente tan nefasto período? ¿Cómo se puede hablar de justicia en Guatemala, cuando aspirando terminar con la corrupción nos deja atónitos un juez quien, sin mayor trámite, deja en libertad al yerno del mandatario causante principal de la debacle en que nos encontramos? ¿Cómo se puede hablar de cumplir una sentencia condenatoria mientras las autoridades le otorgan a un reo los beneficios que solo puede tener un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos?
Desde cuando la justicia se fue transformando en negocio, y de eso vaya si no llevamos bastante tiempo, cualquier cosa podemos esperar de ella. Es así, como ahora hay mostradores en donde se despacha al mejor postor el recinto carcelario, con categorías que van desde una a cinco estrellas, según el rango de comodidades, hospedaje, alojamiento y servicios al alcance del bolsillo del huésped. Y de igual manera se encuentran opciones procesales, ajustados también a las preferencia del «supuesto» delincuente, llámense «amparos», «medidas sustitutivas», «servicios médico asistenciales» y hasta dotación de vehículos para trasladarlo desde su hospedaje hasta el tribunal en donde se ventila su caso y viceversa.
¿Alguien ha visto a un país civilizado que progrese y se desarrolle económica, política y socialmente dentro de una anarquía tal y como hoy la estamos viviendo? Definitivamente, ninguna sociedad puede existir sin leyes que se cumplan al pie de la letra y haya la obligación de su cumplimiento. Que conste, no se deriva esta de que sean perfectamente justas y sabias.
