Jorge Mario Andrino Grotewold
@jmag2010
Las recientes capturas realizadas por el Ministerio Público a militares retirados que están siendo acusados por delitos contra la humanidad, han provocado un cisma importante en la sociedad guatemalteca, especialmente porque los hechos que se les imputan fueron cometidos hace más de 15 y 20 años, y a pesar de haberse firmado la paz y de contar con una ley de reconciliación nacional.
Los militares retirados y sus familias, así como otras personas que vivieron de cerca la guerra o que se las han contado, establecen una defensa rígida explicando que el haber servido a la patria como parte del glorioso Ejército es, además de una honra, una gesta heroica que salvó a la patria del comunismo, y que permitió que ahora la sociedad pueda vivir cómodamente. Inclusive uno de los acusados indicó a los medios de prensa que creía que merecía la orden del quetzal, en lugar de una acusación como la que se le hacía. El último argumento que utilizan, entre muchos otros, es que también es injusto que se les acuse de estos crímenes cometidos durante el período de la guerra, porque la guerrilla, a quien también se le indilga la comisión de delitos hacia población civil durante el conflicto, no está siendo procesada penalmente o tan siquiera investigada por estos crímenes. ¿No es ese un reconocimiento de los hechos? ¿Aunque sea compartida la responsabilidad?
El concepto básico de lo que significa un ejército en un país es sin duda, digno de reconocer. Regularmente son personas entrenadas con disciplina, obedientes y extraordinariamente leales, no sólo con sus compañeros, sino a su patria, sin que las ideologías interfieran. Se les enseñan principios que luego al aplicarlos a su vida, les convierten en personas de bien. Los militares en sus países, son servidores públicos confiables, brindan seguridad de invasiones extranjeras y sus combates, victorias o derrotas, se les reconoce históricamente. Aquí en Guatemala o en cualquier parte del mundo, representan al Estado en su más alta expresión. Y en esa parte tienen razón.
Pero de lo que se les acusa a estos militares, no es de una gesta heroica de combate en contra de otro ejército, o tan siquiera contra combatientes guerrilleros, lo cual le daría validez y reconocimiento. De lo que se les acusa es de crímenes contra la población civil, desarmada y sin posibilidad de defenderse. Se les acusa de desaparecer, torturar y asesinar a hombres, mujeres, niños y ancianos, sin más justificación que una posible complicidad de pertenecer o ayudar a la guerrilla, sin comprender que muchas veces eran forzados a hacerlo, so pena de sufrir las mismas consecuencias.
Así entonces, la población no combatiente fue la más sufrida durante el conflicto, sin importar su clase o condición. Guerrilla o Ejército, con el afán de ganar una guerra interna que inició como una lucha de poder y se transformó en una carrera ideológica, cometieron abusos que necesariamente deben ser castigados. A eso se llama justicia transicional.
Los militares y sus familias tienen razón; el Ejército es una institución noble, disciplinada y confiable, cuando realizan sus funciones para las que están formados de manera ética, legal y moral. Pero asesinar familias enteras y erradicar poblaciones civiles no es de militares; desaparecer y torturar personas, dentro o fuera de combate, no es algo característico de un Ejército. Y debiera ser el mismo Ejército y sus miembros honorables y patriotas, que los tiene en suficiencia, los primeros en salir a solicitar que estos crímenes no queden impunes, y que se castigue a quienes cometieron hechos lesivos a la humanidad, de ambos bandos.
Sin justicia no hay reconciliación. Sin memoria, no hay futuro. Sin la verdad, no habrá paz. Mi solidaridad con las víctimas del conflicto y sus familias.
