Francisco Cáceres Barrios
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Estoy seguro que a la mayoría de la población le encantaron las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Ranulfo Rojas, cuando informó que la elección del representante de esa entidad ante la Corte de Constitucionalidad se haría públicamente con un proceso similar al establecido por la Ley de Comisiones de Postulación, en otras palabras, que hay buena intención para que no vayan a existir restricciones para fiscalizar a los postulantes, como que durante el proceso habrá transparencia y honestidad. Ojalá que lo mismo podamos apreciar de ahora en adelante en los tres organismos del Estado, como una franca y abierta respuesta a las exigencias de la mayoría de la población.
Pero no me quedo satisfecho con solo haber expuesto lo anterior, quiero dejar constancia en este comentario que las promesas, ofrecimientos y hasta los juramentos hace rato dejaron de tener validez en Guatemala, pues hasta que la ciudadanía no tenga plena evidencia de que las buenas intenciones se han hecho realidad, ninguno va a estar satisfecho. Es que hasta el mismo texto consignado en las leyes llevamos tiempo de observar que en nuestro país dejaron de ser creíbles o al menos confiables y de muestra baste el botón que a continuación expongo:
En el Código Penal actualmente vigente, en su Capítulo II, de los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos, en su Artículo 419 se lee: “El funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo será sancionado con prisión de uno a tres años”. Ahora bien, ¿alguien podrá decir cuántos funcionarios o empleados públicos hay que habiendo cometido el delito antes mencionado están o han estado presos entre uno a tres años en nuestro país? Si hay alguno, seguramente que a la población le encantaría saberlo.
No importan, pues las buenas intenciones, ni las declaraciones que a la prensa le den los funcionarios y empleados públicos, los hechos son los que importan, como que de aquí parte la importancia que tiene para los guatemaltecos que, de ahora en adelante y sin excepción alguna, fiscalicemos todos los actos públicos en concordancia con lo que las leyes del país establecen. Siempre he dicho que el día en que en nuestro país tan solo se cumplan las leyes que ya están emitidas, el cambio será verdaderamente sustancial. De lo contrario, vamos a seguir en las mismas, hablando hasta por los codos de proyectos o propósitos, pero nada de hechos o realidades. Llegó el momento de dejar de hablar sobre lo que vayamos a hacer, pongámonos a hacerlo, pues eso es lo que realmente interesa.
