Isabel Pinillos – Puente Norte
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Los medios y redes sociales se encuentran hoy informando sobre la penosa situación de las personas que regresan desde Estados Unidos, como producto de un proceso de deportación que ha llegado a su etapa final y que ahora está siendo ejecutado por las autoridades de ese país.
Las detenciones de inmigrantes centroamericanos el pasado fin de semana no son casuísticas; fueron anunciadas y proyectadas como parte de un plan de seguridad fronteriza para frenar la migración. Este plan tuvo su origen con la crisis de menores no acompañados en 2014 y ahora se ven los efectos de una planificación sistematizada. Ante estos indicios, me pregunto, ¿qué planes de contingencia ha tenido el gobierno de Guatemala para proteger los derechos de los migrantes?
Claro que ahora se envían comunicados de «mantener la calma» y que las personas se asesoren legalmente. Pero en dónde estuvo el acompañamiento a las familias que desde 2014 iban directo en el camino hacia una orden de deportación. Lastima mucho tener que escuchar llamados a la calma cuando todo esto ya se veía venir. El país debe hoy hacer mucho más que eso ante esta pena internacional.
Tomemos como ejemplo la arbitrariedad del ejecutivo de fijar salarios diferenciados en tres municipios, que ha generado tanta controversia. Aún cuando se lograra estirar ese sueldo para cubrir la Canasta Básica, apenas se aspiraría a mantener a la familia, digamos que alimentada. Sin embargo, con este sueldo mísero no existiría la posibilidad de afrontar una emergencia, un tropiezo de salud no cubierto por el seguro social o un accidente, no digamos una inversión o ahorro. Si uno de los objetivos era desincentivar la emigración, habría que analizar si un salario de Q1900 va a detener a un joven de realizar su «sueño americano», en donde podría ganar la misma cantidad, o más, pero en dólares. Además, este argumento se debilita considerando que los departamentos en donde se ha implantado no son aquellos de donde más se genera la emigración. Con tan simple acotación sale a relucir la evidente carencia de datos técnicos para fijar el salario diferenciado, que más bien, pareciera haber sido sacado de una simple ocurrencia, en vez de ser el producto de un estudio técnico sustentado.
Mientras que el discurso oficial argumenta que muchos se van engañados «por personas inescrupulosas» para emprender el viaje hacia el norte, existen elementos de mayor peso que no son analizados con tanta insistencia, como lo es el índice de pobreza, que asciende al 59%, un salario que no alcanza para vivir, así como el inacceso a salud y educación. Decir que la gente se va como producto del engaño, es pensar que quienes deciden irse, carecen de inteligencia y se van sin sopesar los riesgos que implica el recorrido, pero lo que es peor, es un intento por tapar el sol con un dedo y encontrar al fin a un culpable del desastre que se ha ocasionado por la falta de políticas integrales en el tema migratorio.
La miseria, los problemas sociales, las personas que emigran, y ahora las desgarradoras imágenes de paisanos con grilletes que regresan al país, son la herencia que dejó la falta de políticas acertadas, décadas atrás. No podemos seguir siendo un estado apaga-fuegos pidiendo calma a la población en el momento de mayor angustia. La diferencia entre tomar medidas de contingencia y de prevención consistirá en que dicha planificación se base en datos técnicos que puedan darle soporte y no simples ocurrencias, por mejor intencionadas que sean.
Urge, pues, iniciar la creación de una política migratoria nacional integral.
