Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Nuevamente se confirma que poca gente tiene tan tomado el pulso de nuestra realidad como el jurista Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, quien ayer en dos breves comentarios en las redes sociales puso la pica en Flandes al señalar que la elección de una Corte de Constitucionalidad idónea es la clave para avanzar en el proceso de construir un país sin resabios de impunidad.
Y es que está visto que nuestra Corte de Constitucionalidad ha variado desde aquellas de los primeros tiempos con fallos apegados al sentido del derecho hasta las otras que se fueron acomodando a los vaivenes de la política y que, como la actual, se someten a intereses que son totalmente ajenos a su función de ser garantes de la legalidad en un país con la tendencia tan marcada a buscar el vericueto y la maña para no cumplir con lo que establece nuestro ordenamiento legal.
Para empezar me atrevo a decir que un sano ejercicio inicial es de plantear un borrón y cuenta nueva para buscar nuevos profesionales del Derecho que se hagan cargo de la defensa del orden constitucional. No podemos pensar en la reelección de ninguno de los actuales magistrados, sobre todo aquellos que se han distinguido por ser más operadores políticos que juristas y que lo hicieron, precisamente, para ir sembrando el camino de su reelección. Es imperativo que las entidades a cargo de nominar magistrados lo hagan con un extremo sentido de responsabilidad para servir al país y no para proteger ningún interés espurio como se ha hecho en varias ocasiones.
Cuesta pensar, sin embargo, que el Congreso de la República se sume a un esfuerzo por dignificar la Corte de Constitucionalidad con un nombramiento basado en idoneidad y capacidad, puesto que allí prevalecen otros intereses. La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, puede reivindicarse luego de su oscuro origen en el proceso de las postulaciones, nombrando ahora a personas que no estén tachadas de ninguna manera y que hayan mostrado que cumplen con esos requisitos que la misma Constitución señala como elementales.
El Presidente de la República tiene que entender que nada le asegurará impunidad, como se ha visto ya, ni siquiera disponer de un magistrado dócil en la Corte. Por ello, para servir bien al país, el futuro gobernante deberá atender el llamado que hace el comisionado de la CICIG y seleccionar al titular y al suplente idóneos para la defensa del Estado de Derecho, cosa que me atrevo a pensar que hará la Universidad de San Carlos que en la última crisis actuó en forma comedida pero firme en contra de la corrupción y de un sistema perverso que nos ha hecho daño como nación.
El Colegio de Abogados, como el Congreso, termina siendo una especie de caja de Pandora porque es imposible predecir el resultado de una elección en Asamblea General, pero si conviene pedir al gremio de abogados que se involucre para no dejar que la minoría de siempre sea la que decida y nomine a los magistrados.
El panorama puede no parecer fácil, pero la fiscalización ciudadana hará la diferencia.
