Jorge Mario Andrino Grotewold.
@jmag2010
La increíble y equivocada decisión del Presidente Maldonado Aguirre en determinar los nuevos salarios diferenciados, conjuntamente con la limosna de aumento al salario mínimo de los trabajadores, permiten confirmar, entre otras cosas, que este gobierno de transición siguió la línea de su antecesor, especialmente en cuanto a la influencia del sector privado en la política pública.
Debe recordarse que hace pocas semanas finalmente la Corte de Constitucionalidad amparó de forma definitiva al Procurador de los Derechos Humanos cuando éste promovió acciones en contra de los salarios diferenciados por considerarlos violatorios a la Constitución, a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado, y a los principios de igualdad y dignidad de las personas. Previamente, al inicio del año 2015, este alto tribunal suspendió provisionalmente la vigencia de estos salarios diferenciados, oponiéndose mediante su voto razonado el entonces Magistrado y ahora Presidente de la República Maldonado Aguirre. No puede ser entonces, que se violenten normas constitucionales con nuevas medidas administrativas, sobre un tema de fondo que ya se resolvió en el más alto tribunal constitucional.
Notoria fue la presión que ejercieron los ministros de ese entonces de Trabajo y Previsión Social, así como de Economía, siguiendo un libreto de una parte del sector privado, pero alejado de lo que una sociedad solidaria debiera alcanzar de equidad en sus inversiones y un razonamiento lógico para un desarrollo económico sustentable. Durante meses, al inicio de forma silenciosa y en la oscuridad, promovieron estos nuevos salarios, con estudios teóricos de los centros de investigación financiados por los mismos quienes proponen estos salarios. Posteriormente, difundiendo las supuestas bondades que implicaba disminuir estos derechos ya garantizados, para una región particular. Pero los mismos estudios, en conjunto con los análisis del INE explican que ni el salario mínimo actual ni mucho menos los diferenciados tienen una suficiencia para la Canasta Básica Vital, menos para la básica tradicional, que incluye parámetros como transporte, medicina o educación.
La razonabilidad de establecer un salario mínimo y una canasta básica, alcanza la teoría económica liberal de imponer un mercado que permita a los actores sociales desarrollarse en igualdad de condiciones. Pero la teoría económica no menciona que la igualdad debe provenir de una sustancial equidad desde el inicio de la vida de todas las personas, que incluye educación, salud, nutrición y oportunidad de empleo. Desde esa óptica, la teoría liberal podría ser adecuada para un país desarrollado, pero ante la realidad social y económica del país, que históricamente no ha logrado superar, sería injusto, incorrecto e inmoral mantener esos estándares para quienes no tuvieron la igualdad de posibilidades.
Por ello, determinar cuánto requiere una familia para subsistir con base en la economía actual de un país, es el principio fundamental para el desarrollo humano de las personas, y permite mediante acciones económicas como la inversión, la productividad y la competencia, superar obstáculos a nivel nacional e internacional.
Cuando la política y los intereses particulares se anteponen a la solidaridad y a la noción de una equidad e igualdad en derechos y obligaciones, el país se condena a seguir viviendo sin desarrollo, y eso pesará en la consciencia de políticos y empresarios sin una visión estratégica de Estado.
