Isabel Pinillos – Puente Norte
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Cerramos este año con enormes cambios sociales y políticos en nuestro país. Descubrimos un despertar ciudadano que deberá seguir vigilante al estrenarse el nuevo gobierno de Jimmy Morales. Los grandes retos que tendrá el presidente electo han sido analizados por un sinnúmero de respetables analistas y columnistas en diferentes medios.
En lo que me ocupa en este espacio, veo con mucha preocupación el devenir de miles de centroamericanos que han emprendido el viaje hacia Estados Unidos, ya que una vez más se confirma que este país ha iniciado acciones agresivas para contener la migración.
El Washington Post anunció la semana pasada que el Departamento de Homeland Security implementará en enero un operativo a gran escala para realizar redadas en contra de inmigrantes “ilegales”, incluyendo a niños y adultos, quienes serán detenidos en el sitio, y deportados hacia sus países de origen. Esta es una campaña a nivel nacional, que se llevará a cabo por agentes de Seguridad de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que podría afectar a más de 100 mil familias que han hecho el viaje desde el año pasado.
No es de extrañar que quien lleva esta agenda es Jeh Johnson, el secretario del Departamento de Seguridad del Interior, quien fue el mismo que impulsó el Plan Frontera Sur, primero en México y luego en Centroamérica, un plan de control fronterizo en México y Guatemala para contener la migración en tránsito hacia ese país. Esta política en la práctica se ha convertido en la creación de una infraestructura que ha permitido agresiones a personas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales cometidas clandestina e impunemente contra los migrantes centroamericanos.
Los efectos del plan se vieron reflejados en las deportaciones vía terrestre de guatemaltecos este año (72,099) que aumentaron en un 63% con relación al año anterior, (45,114). Mediante un comunicado de prensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra del Plan Frontera Sur, en donde expresó que “ante la información sobre presuntas agresiones y actos intimidatorios contra migrantes y sus defensores” … “es obligación del Estado mexicano adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los migrantes en tránsito por México … en forma inmediata y urgente”.
Los gobiernos han dejado pasar de manera desapercibida dichas violaciones, ya que han contribuido a bajar los alarmantes índices de migración. Me deja perpleja la indiferencia de nuestros funcionarios ante estos atropellos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas, respaldadas por toda una infraestructura con fondos de Estados Unidos, en contra de nuestros connacionales y hermanos centroamericanos.
Esta misma semana el Congreso de Estados Unidos aprobó nuevos fondos ($750 millones), bajo la condición de que el 75% de esta cooperación –$462 millones– sea destinado, entre otros temas, a la seguridad nacional y fronteriza. Esto podría significar que nos están ayudando a usar fuerzas de seguridad en contra de nuestros propios paisanos.
Aunque a muchos se les eriza la piel de pensar en un Donald Trump como futuro presidente por sus mensajes anti-inmigrantes, la administración del presidente Obama no se queda atrás, pues tiene el récord de mayor número de deportaciones en la historia, un total de 2.5 millones de emigrantes mexicanos y centroamericanos, con miras a que aumente en el último año de su mandato.
El nuevo gobierno guatemalteco deberá establecer una política al respecto, y demandar a México y EE. UU. el debido respeto de los derechos de las personas en tránsito. Asimismo, ante el evidente aumento de deportaciones, el país deberá prepararse para el retorno de miles de guatemaltecos que ya no enviarán más su remesa.
