Víctor Hugo Godoy
Durante la llamada Guerra Fría, la «doctrina de la seguridad nacional» agregó al concepto de guerra tradicional -los ejércitos defendían al país de una agresión extranjera o se armaban para conquistar a otro país-, el concepto de «enemigo interno»; es decir, que desde adentro del territorio nacional se podía conquistar militarmente al Estado. En Guatemala, al sumar el imaginario que se creó sobre «los comunistas» y el levantamiento guerrillero, dio como resultado la hecatombe que produjo el terrorismo de Estado de 1954 a 1996, que como decía el general Alejandro Gramajo, convirtió al Ejército Nacional en un «ejército de ocupación» en su propio país.
Recuerdo hoy esto para los lectores, en razón del debate reciente por los cambios en la Dirección de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación, pues no son los mismos objetos ni propósitos los que estudia la inteligencia militar y la inteligencia civil, y al parecer estos cambios respondían a un retorno a la vieja doctrina superada por la caída del muro de Berlín y por el fin del enfrentamiento armado interno, sin conocimiento del propio Presidente de la República, que inmediatamente corrigió el rumbo. Por ejemplo y por esa doctrina, en aquel entonces se confundió la negativa de las comunidades al desplazamiento por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy con insurgencia, por lo que se les reprimió despiadadamente.
Hoy con una Constitución que reconoce la existencia de diversos pueblos en su territorio y que respeta y promueve sus formas de vida, formas de organización social y su identidad cultural de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales; y con un Estado que ha ratificado tratados internacionales contra la discriminación de los mismos y para la participación en las decisiones de su desarrollo, la oposición que hoy presentan en contra de actividades extractivas, de uso de recursos hídricos, al uso o apropiación privada de bienes del Estado o de dominio público, no debe criminalizarse o enmarcarse como amenaza a la «seguridad nacional», sino como el llamado de alerta por la alteración del hábitat de comunidades que tienen otro tipo de relación con la naturaleza, como ya lo explicaba en un artículo anterior en relación con lo que la Premio Nobel de Economía, Elinor Odstrom llama «el gobierno de los bienes comunes».
Para evitar que este tipo de acciones se vean como amenaza a la seguridad nacional o como objeto de estudio de los entes de inteligencia recomiendo leer la sentencia de la CC 256-2013 propuesta por el Magistrado Maldonado Aguirre o lo que estipula la Ley de Consejos de Desarrollo aprobada por el Congreso de la República presidido por Efraín Ríos Montt:
«El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.» Cumplámosla.
