El experimento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se ha probado efectivo para fortalecer la justicia en nuestro país y dar un golpe a la corrupción que ha debilitado la institucionalidad democrática. Tanto así que ahora, dentro del Plan de la Alianza para la Prosperidad, tibio esfuerzo que hace Estados Unidos para contener la migración atacando su causa esencial, se condiciona a Honduras y El Salvador a que establezcan una comisión similar para asegurar que los recursos que puedan venir sean utilizados correctamente y que no terminen en los bolsillos de algún funcionario corrupto.

Pero Honduras y El Salvador, es decir sus gobiernos, se resisten a la presión porque ya vieron lo que pasó con Pérez Molina y Baldetti en Guatemala y no quieren correr la misma suerte. De esa cuenta, astutos como son, han propuesto una receta que asegura el desastre de las comisiones que se puedan formar.

El cambio en la receta puede parecer sutil, puesto que se trata de que el patrocinio de esas comisiones recaiga en la Organización de Estados Americanos en vez de que sea la Organización de Naciones Unidas la que se encargue de organizar sendas entidades. Sutil pero menudo, porque si la OEA mete las manos se garantiza que, como todo lo que hace ese foro regional, se quede en puro palabrerío inútil y sin consecuencias.

Hay que reconocer que los gobernantes de Honduras y El Salvador conocen perfectamente el mundo de las organizaciones multilaterales y, precisamente por tener bien tomado el pulso de la Organización de Estados Americanos, confían en que sea ésta la que se haga cargo de montar las Comisiones Contra la Impunidad que reclama Estados Unidos, puesto que hay abundantes muestras de que todo lo que plantea ese foro termina siendo inútil.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha funcionado bajo el alero de las Naciones Unidas, y con una estrategia definida para asegurar que haya fortalecimiento institucional en nuestro país sin que la paja diplomática haya podido enquistarse en ese órgano para anular su efectividad. CICIG no ha sido un instrumento de la diplomacia y eso marca grandes diferencias, lo cual consideramos imposible de alcanzar dada la naturaleza y las condiciones históricas de la OEA, mundillo peculiar en el que siempre han prevalecido los factores menos positivos del ejercicio diplomático.

Cuando la CICIG decidió entrarle al tema de la corrupción marcó un hito irreversible para nuestro país y los pueblos vecinos deben presionar a sus gobiernos para imitar el modelo sin caer en los vicios que han hecho de la OEA esa cacharpa inútil que siempre ha sido.

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