Luego del escandaloso destape de la corrupción en los casos de la Superintendencia de Administración Tributaria y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, resulta evidente que la Contraloría de Cuentas es una institución incapaz de cumplir con sus funciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala puesto que ninguno de esos casos de gran envergadura, que alcanzaron al Presidente y la Vicepresidenta de la República, fue siquiera olfateado por los fiscalizadores que tienen el encargo y obligación de asegurar el buen uso de los recursos públicos.
En La Hora publicamos recientemente las asignaciones que se han venido haciendo a instituciones particulares anualmente y que éstas manejan a su sabor y antojo sin ofrecer rendición de cuentas sobre la forma en que manejan los recursos que el Estado les traslada y sin que la Contraloría de Cuentas se tome la molestia de auditar el uso de esos fondos. Y es comprensible porque si ni con las entidades del Estado cumple con su obligación la tal Contraloría, qué podemos esperar en cuanto a las ONG que se hartan con millonarios recursos repartidos con criterios tales que hasta se usó ese mecanismo para financiar la compra de acciones que hizo la Vicepresidenta en una empresa de medios de comunicación.
Entonces creemos que es importante que se plantee la necesidad de que los ciudadanos principiemos a controlar al Contralor de Cuentas, para que cumpla con su deber y sea efectivamente un instrumento de fiscalización para asegurar el buen uso de los recursos de los ciudadanos guatemaltecos. No puede ser que se sigan ofreciendo excusas en vez de resultados cuando se trata de auditar los fondos de las instituciones públicas, de las entidades autónomas o descentralizadas y de los particulares que al recibir asignaciones presupuestarias quedan obligados a liquidar sus cuentas ante la Contraloría para determinar si el dinero se usó para lo establecido o si alguien se lo embolsó tranquilamente.
No digamos los oscuros fideicomisos que el mismo Contralor ha denunciado, pero sin recurrir a donde corresponde para obligar a los bancos a cumplir con el mandato constitucional de permitir la auditoría del manejo de cualquier recurso del Estado.
En los días por venir veremos que los ciudadanos han de requerir mucha información sobre la forma en que se gasta y esa información debiera ser certificada por la Contraloría de Cuentas cuya labor tiene que ser fundamento de lo que hagan la CICIG y el Ministerio Público. Hasta hoy la CGCN ni huele ni hiede porque fue diseñada como tapadera de la corrupción y al Contralor se le elige para que opere como tal. Basta de esa sucia práctica y a cambiar, se ha dicho.
