Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los artículos de la Ley del Deporte que establecían límites a la reelección de los dirigentes deportivos y abrió la puerta a la consolidación de perversos cacicazgos que han sido parte de la mafia que existe en el deporte nacional y que no sólo se traduce en el estancamiento de nuestro país, sino en negocios como los que Estados Unidos destapó en su investigación sobre la corruptela de la FIFA.
Es inaudito el fallo porque no hay fundamento para sostener que es inconstitucional el control y límite a las reelecciones. Con base en el criterio de la Corte de Constitucionalidad expresado en este fallo, se puede entonces sostener que nadie puede establecer límite o control a las reelecciones, sin que importe el puesto que se trate. Desde el Presidente de la República hasta el último funcionario electo, directa o indirectamente, tiene entonces iguales prerrogativas para argumentar que se violan sus derechos con cualquier norma, incluyendo la misma Constitución, que establezca condiciones, limitantes o impedimentos para la reelección en cualquier cargo.
Lo peregrino del argumento salta a la vista y no habría ni que abundar en detalles para ratificar que la Corte de Constitucionalidad cada vez más se evidencia como parte del problema y no como parte de la solución a nuestros problemas de arbitrariedad y abuso o violación de las normas fundamentales de la República. Si eso pasa ahora con los dirigentes deportivos, el día en que se quiera poner fin a las Alcaldías casi vitalicias que se construyen a lo Medrano, porque todas las reelecciones tienen idéntico origen y también idénticas finalidades, la CC tendrá que usar los mismos argumentos y condenarnos a que los mismos sigan robando como siempre lo han hecho.
Ni que decir de la aspiración de poner control a la reelección de los diputados que saben cómo pueden asegurarse una curul mediante turbias negociaciones que siempre les aseguran ser postulados en algún distrito en posición de entrar, sea porque el partido que les nomina gana o porque por minorías se logran meter los mismos de siempre sin que el ciudadano tenga vela en ese entierro porque no hay forma de excluir a un pícaro si éste sabe colocarse bien, sobre todo si acepta que arriba vaya alguien que puede tener arrastre con los ciudadanos.
El tema del deporte merece especial consideración porque aparentemente se trata de una multitud de filántropos que quieren vivir regalando su tiempo a las Federaciones en las que no devengan ni un pinche centavo. Cuesta explicar cómo es que puestos ad-honorem lleven a plantear una acción de inconstitucionalidad contra la norma que no permite la reelección ilimitada. Honestamente hablando hay que preguntar si hay tanta vocación de servicio en el país como para provocar todo ese proceso legal a fin de que se puedan reelegir indefinidamente personas que no van a devengar sueldo, recibir el pago de dietas o algún otro emolumento en trabajos a los que dedican prácticamente tiempo completo.
Obviamente nos quien ver la cara de mulas. Los hechos demuestran que en la dirigencia deportiva, un sueldo sería lo de menos porque la ganancia está en los muchos trinquetes que hay que preservar y, por ello, la acción de inconstitucionalidad.
