Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
El país, a comparación de América Latina y del mundo, es una nación con enormes desigualdades sociales y económicas.
El 60% de la población vive en pobreza y salvo Dios, no podemos combatir la desnutrición logrando que caiga como alimento el maná del cielo.
Tampoco podemos resolver las demandas y necesidades en salud, en educación, seguridad e infraestructura y demás “con cascaritas de huevo”. La carga tributaria no puede continuar siendo el 11% del PIB, tampoco podemos continuar aumentando los impuestos indirectos como el IVA o el de combustibles que paga, en igual proporción, toda la ciudadanía.
Los impuestos directos deben ser aumentados y si bien en la campaña política todos los candidatos, incluyendo el binomio presidencial electo, rehusaron decir que se debía aumentar la carga tributaria, la realidad es otra.
El Impuesto al Valor Agregado, (IVA), no puede continuar lleno de excepciones para que los más vivos se aprovechen, el mismo tiene que generalizarse, empezando por la totalidad de los mercados. Eso no es crear un nuevo impuesto, eso es evitar la evasión, el enriquecimiento y la concentración de la riqueza. Incluso, combatiría en parte el contrabando.
Los minerales y derivados de petróleo, conforme a nuestra Constitución, son propiedad de todos los guatemaltecos. Por tanto, igual que lo hizo el gobierno de Frei Montalva en Chile; lo hizo hace varios años el gobierno de Cárdenas en México y hace menos años el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, los contratos de explotación del oro, de la plata, del níquel, del petróleo y de cualquier bien propiedad de los guatemaltecos, deben de reajustarse.
Si una empresa recibió una concesión cuando la onza de oro troy valía US$600.00 y la regalía que se obligaba pagar al Estado era del 1%; es decir de US$6.00 y actualmente la onza de oro troy se vende a un promedio de US$1,200, en qué cabeza cabe que las regalías sean del 1% o del 4% de forma voluntaria, cuando el enriquecimiento adicional para la empresa minera es del 100% adicional. Esos contratos deben derogarse o modificarse, respetando, si así se desea, la regalía original por los primeros US$600, pero la diferencia del incremento de los otros US$600, la regalía debería ser por lo menos la mitad para el pueblo de Guatemala, dueño de los minerales, y la otra mitad para el explotador. Si el 4% de forma voluntaria argumenta la gremial afiliada a la Cámara de Industria que ha sido de gran beneficio para las municipalidades y gobierno central, imaginémonos cuánta desnutrición, cuánta falta de medicamentos e insumos hospitalarios, cuánta necesidad en la educación y en la inversión de seguridad y justicia se podría dar.
¿Qué es más justo y adecuado? Que se establezca un impuesto patrimonial a un grupo determinado de guatemaltecos para financiar la seguridad o que se le ponga un alto al injustificado enriquecimiento de quienes obtuvieron una concesión para explotar los bienes nacionales no sustituibles.
Señor presidente electo Jimmy Morales, señor vicepresidente electo Jafeth Cabrera, el éxito o fracaso de su gobierno está en la capacidad de poder cumplir con las obligaciones que el pueblo de Guatemala necesita y demanda.
¡Guatemala es primero!
