María José Cabrera Cifuentes
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Durante los últimos días se ha tenido noticias sobre la situación de los afectados por la tragedia ocurrida en El Cambray II, un deslizamiento de tierra cuyos estragos dejaron a 280 fallecidos y 70 personas heridas, además de haber dañado un sinnúmero de viviendas que quedaron total o parcialmente destruidas y en definitiva inhabitables, especialmente por el riesgo que representa el lugar en el que se encuentran.
Hasta el día de hoy, muchas son las personas (52 familias, según reportes de medios de comunicación) que continúan viviendo en uno de los albergues, improvisado en una escuela, sin haber obtenido las casas que supuestamente serían entregadas antes de terminar el año 2015. Se prevé que estas viviendas, cuya construcción está enmarcada dentro del proyecto Mi Querida Familia, no podrán ser terminadas sino hasta el año siguiente.
Esto deja a los que una vez fueron habitantes de El Cambray II en una situación de desamparo e incertidumbre, ya que no se tiene un panorama claro sobre lo qué sucederá con ellos en el corto plazo.
Nunca he sido partidaria del paternalismo, ni propongo que el Estado regale a diestra y siniestra bienes y enseres a los habitantes que lo forman. Sin embargo, en este caso particular es el precio que deben pagar por haber desatendido la gestión de riesgos y no haber tomado las medidas necesarias para resolver el problema antes de que éste tomara lugar.
La gestión de riesgos se hace especialmente importante en un país como Guatemala, cuyas características y mala administración le hacen proclive a experimentar una serie de problemas de similar índole. El carecer hasta ahora de una evaluación de riesgos adecuada y de un plan de mecanismos estratégicos de mitigación nos condena a seguir sufriendo desastres como el suscitado recientemente. No es necesariamente siempre el prescindir de conocimiento sobre la vulnerabilidad de ciertos sectores territoriales, sino la negligencia de las entidades responsables lo que afianza este problema.
Cada vez se hace más evidente la necesidad de contar con un plan estratégico para cada una de las áreas que interesan a la población guatemalteca. La tendencia a reaccionar ante los fenómenos no pareciera disminuir con el paso del tiempo sino más bien robustecerse, por lo que un destino distinto es difícil de vislumbrar en la actualidad.
Preocupa la situación de los antiguos vecinos de El Cambray II, sin lugar a duda su permanencia en la escuela que les sirve de albergue no puede prolongarse porque igualmente importante es la preparación de esas instalaciones para recibir a los niños que en ella se educarán en 2016. Ante esta situación se han planteado varias alternativas como un subsidio que las autoridades entregarían a los damnificados pero que igualmente resultaría insuficiente para cubrir sus necesidades de vivienda, por lo que un plan integral y bien estructurado será necesario para dar solución a la situación de estas familias en lo inmediato.
Seguramente, lo ocurrido el pasado 1 de octubre en El Cambray II no será un parteaguas para la forma de proceder de las personas que dirigen nuestro país y que tradicionalmente han esperado que se lleve a cabo una tragedia para actuar. Por tanto los guatemaltecos debemos resaltar la necesidad inminente de la existencia del pensamiento y la planificación estratégicos con la finalidad de algún día poder accionar antes de que las pérdidas sean irreparables.
