Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El cansancio de la gente ante la corrupción es evidente y llama la atención cómo los grupos que se han cobijado en la impunidad para actuar en la corrupción se van poco a poco envalentonando para retomar posiciones y cerrar filas ante el trabajo que viene haciendo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Ayer, a puerta cerrada e impidiendo ilegalmente el acceso a la prensa porque el proceso no está bajo reserva, el Juez Segundo de Instancia Penal, Darwin Porras, dictó medida sustitutiva para dejar fuera de prisión a la jueza Jisela Reinoso, acusada por la CICIG de enriquecimiento ilícito asociado con fallos y resoluciones dictadas en su función jurisdiccional.
Lo mismo que se hizo recientemente con los pícaros de Bancafé que de manera sorpresiva fueron dejados en libertad, medida que hubo de ser revertida por una sala de apelaciones ante la evidente mañosería que facilitó la resolución que mediante una risible fianza los envió de vuelta a su casa.
En el caso de la jueza Jisela Reinoso, tanto la CICIG como el Ministerio Público, estiman que es necesario mantenerla en prisión preventiva no sólo para evitar el peligro de fuga, sino también para impedir que los testigos del caso puedan ser coaccionados y se termine entorpeciendo la labor de la justicia, pero pese a los argumentos de la parte acusadora, el juez contralor del caso dispuso rechazar tal argumentación para beneficiar a quien era su colega con una medida sustitutiva que resulta insultante para la población que está clamando por justicia en los casos de corrupción.
Luego se critica a la opinión pública porque dicen que se presiona a los jueces, pero lo que realmente pasa es que algunos de los juzgadores se pasan la ley por el arco del triunfo y acostumbrados como están al juego de la impunidad, trabajan para beneficiar a los sindicados. Pero como hubiera dicho mi abuelo, dado el malestar profundo que hay en la población al comprender la dimensión de la podredumbre de la gestión pública, este tipo de acciones son como tentarle los huevos al león y luego que no vayan a sorprenderse cuando venga una gran retopada.
Obviamente tenemos que mantener la presunción de inocencia y no condenar a priori a quienes son sindicados, pero de eso a que se tenga que otorgar toda clase de beneficios a los que son parte de las investigaciones que se hacen contra la corrupción hay una gran diferencia.
La gente se indigna porque la Baldetti ha logrado burlarse de la justicia con su recurrente “enfermedad” y porque para Pérez Molina se dictan medidas que, en todo caso, debieran ser parejas para todos los que se encuentran recluidos. No olvidemos que si hay situaciones en las cárceles que violan sus derechos, las mismas debieron haber sido atacadas cuando él fue Presidente y tuvo el poder de preocuparse por las condiciones de los presidios.
Y no será raro que, como el juez Porras, dentro de poco principien a mandar a su casa a los sindicados que ya están, todos, pidiendo medidas sustitutivas. Que los jueces entiendan que se viene una gran tempestad y que mejor se arrodillen.
