Por Jorge Santos
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, decidió presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 como para que de manera práctica las y los guatemaltecos pudiéramos observar el drama y la reiterada violación a los derechos humanos de la población, dados sus altos niveles de pobreza y pobreza extrema.
El INE nos tira una cubeta de agua fría, al referir que la pobreza ha aumentado en más de ocho punto porcentuales, pasando de 53.71% en 2011, hasta los 59.3% del 2014. Tomando en consideración las proyecciones poblacionales realizadas por la misma institución, este 59.3% en realidad significa que casi 10 millones de guatemaltecos y guatemaltecas que subsisten en una situación de pobreza. Otro dato desesperanzador es el conocer que hoy más del 23% de la población que vive en esta condición de pobreza, sufre de pobreza extrema.
En el libro realidades distintas, dilemas comunes: la pobreza no es como la pintan, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, está el testimonio de una mujer de Iztapa que refiere que “si existieran trabajos, si tuviéramos salarios justos para el pobre, vivienda, acceso a la escuela, dispensarios de medicina, áreas donde cultivar… pero mientras esto no existe, va a seguir la pobreza”. Este importante testimonio pone en el centro la verdadera discusión que subyace de los resultados de la Encuesta en cuestión. Este modelo de desarrollo ideado e implementado por la elite económica tradicional y conservadora ha producido una dicotomía en donde unos pocos tienen demasiado y muchos tienen menos que nada.
La oligarquía guatemalteca, experta en vender falacias, se ha concentrado en imponer un modelo basado en la expoliación de la fuerza de trabajo, la explotación de la tierra y los recursos naturales, anclarse en calidad de servidumbre de capitales transnacionales y para ello ha generado todo un andamiaje jurídico e institucional que le es altamente beneficioso. Estas falaces propuestas de “desarrollo” ha ido desde que la “salvadora” privatización que solucionaría muchos de los problemas de crecimiento económico y de desarrollo social; luego que a menores regulaciones laborales y fiscales la inversión crecería y con ello saldríamos de todos nuestros males y ahora profundizando aún más dicho modelo empobrecedor se lanzan a la búsqueda de mayores privilegios fiscales, salarios de hambre en algunas circunscripciones, para que con ello puedan existir mayores tasas de inversión extranjera directa. Todas y cada una de dichas políticas han fracasado en su falaz propósito y sólo han servido para que a la fecha seamos el país que aporta la mitad de hambrientos en la región centroamericana.
Este modelo empobrecedor y asesino, es tan deleznable que ha generado corrupción e impunidad como los mecanismos que permiten su reproducción, en tanto que sin esta impunidad y corrupción se verían forzados a pagar el salario mínimo, prestaciones de ley, respetar los derechos humanos de las personas, pagar impuestos según la capacidad de pago; pero todo ello es impensable para una desmedida oligarquía que en lo único que piensa es en si misma.
