El misterioso caso del asalto a la revista Crónica, a la que despojaron de todo su equipo de computación indispensable para editar ese medio informativo, obliga a demandar de las autoridades una exhaustiva investigación para determinar el origen de ese hecho criminal y establecer si el mismo constituye una agresión a la libre emisión del pensamiento, derecho constitucional que se mantiene bajo permanente amenaza porque abundan quienes quieren acallar de distintas formas a la prensa para impedir que se les coloque en la picota, sobre todo ahora que la corrupción está saliendo a luz de manera tan cruda luego de los avances obtenidos gracias a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
El pasado sábado comentamos la situación generalizada de inseguridad que se vive en el país y nadie está libre de ese tipo de hechos delictivos. Los medios de comunicación, como empresas, tampoco están a salvo de la ola de criminalidad que vivimos y que se manifiesta de manera cotidiana con ese desparpajo para arrebatar a las personas cualquier tipo de bienes. Sin embargo, no podemos pasar por alto que existe una situación delicada porque hay muy poderosos intereses que se han visto afectados por denuncias de la prensa y que buscan la manera de acallar o de atacar la credibilidad de los medios, y por lo tanto este caso amerita una investigación a fondo para determinar su verdadero origen y si los delincuentes que lo perpetraron perseguían algo más que el robo del valioso equipo de cómputo.
Se sabe que existen grupos de poder que viven de la corrupción que están recurriendo a cualquier práctica para atajar los señalamientos que se vienen haciendo en su contra y que pueden poner en riesgo la libertad misma de quienes se han robado el dinero del pueblo. No vacilan en utilizar cualquier medio a su alcance para lograr su cometido y en esas condiciones es deseable que las autoridades pongan el mayor empeño en aclarar perfectamente la situación generada por este asalto a un medio de comunicación.
Pero por sobre todas las cosas es imperativo exigir a las autoridades que cumplan con su deber de garantizar la seguridad en el país porque no podemos seguir viviendo bajo el imperio del crimen que se ensaña con la gente. Personas que con enorme sacrificio logran hacerse de algún vehículo, por ejemplo, para no tener que sufrir las consecuencias de la falta de transporte público, y que de la noche a la mañana lo pierden por un asalto. Lo mismo pasa con los celulares o cualquier objeto valioso y es tiempo de que en Gobernación piensen en algo más que en las celdas VIP.
