Juan Francisco Reyes López
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La etapa electoral ha concluido, el binomio presidencial electo ha obtenido la representación de 2 millones 750 mil 847 votos; por consiguiente, son los mandatarios de este importante número de ciudadanos que en la segunda vuelta electoral emitieron estos sufragios a su favor.
Como binomio presidencial asumirán el 14 de enero y al hacerlo deben comprender que tienen claros y urgentes varios aspectos en su mandato. Primero, tienen que reformar la situación política del país; esa fue la principal razón por la que el 67.44% de la ciudadanía los eligió.
No habiendo adquirido ninguna alianza o compromiso político previo, no están sujetos más que a la voluntad de la ciudadanía, quien no está conforme con la forma en que han ejercido la representatividad del pueblo los últimos gobiernos.
Es evidente que los diputados que integran el Organismo Legislativo han incumplido su mandato, salvo excepciones, no se han dedicado a representar a quienes los eligieron, a fiscalizar, a legislar y a servir al pueblo. La mayoría de ellos se ha dedicado a beneficiarse de la obra pública, de los contratos de compras y adquisiciones, las plazas de trabajo, algunas reales y algunas ficticias.
Por dichas razones, la primera acción política que el binomio debe efectuar es la convocatoria inmediata a un poder constituyente, que reestructure el pacto social en todos los aspectos que evidentemente son necesarios política, económica, social y administrativamente. Si no lo hacen, los absorberá el pasado y dejarán de ser el presente y el futuro que el pueblo eligió.
Si el nuevo Congreso no aprueba el planteamiento de una Constituyente, el binomio debe recurrir al pueblo, para que lo respalde como se hizo durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, cuando se disolvió el Congreso, se modificó la Constitución y se produjo la elección de un nuevo Organismo Legislativo, una nueva Corte Suprema de Justicia, una nueva Corte de Constitucionalidad, etc., etc.
El segundo mandato que tiene el binomio electo es reestructurar los actuales impuestos que constituyen la bajísima carga tributaria que hace que Guatemala sea el país de América Latina que menos recaude, lo cual implica que no se cumpla con la enorme deuda social de desnutrición, de falta de salud, educación, seguridad e infraestructura. Para el efecto, debe tomar las acciones siguientes:
a. Revisar y elevar la totalidad de las regalías, como se hizo en Ecuador, Chile, Perú y República Dominicana. En Estados Unidos, en el Estado de Alaska, quienes se dedican a la minería de cielo abierto en búsqueda de oro le pagan a los dueños del terreno el 20% de lo que extraen, adicionalmente pagan al Estado la totalidad de los impuestos; especialmente el Impuesto Sobre la Renta, que ronda en el 30%. Si eso sucede en el país más desarrollado del mundo, con mayor razón debe suceder en uno de los países más pobres fiscalmente de América, como lo es Guatemala.
b. El Impuesto al Valor Agregado, (IVA), debe generalizarse, empezando por todos los mercados donde los productos ingresan por mayor, aunque se venden al menudeo. En Chile se emite factura o boleta por la totalidad de las compraventas, sea ésta una bebida, un pan o una fruta. Implementar y fiscalizar las compras y ventas con la tecnología actual es sumamente fácil.
¡Guatemala es primero!
Continuará
