Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los negocios con las medicinas y el contrabando en las aduanas son hoy en día la cara visible de la corrupción aunque todos sabemos que hay otros antros en los que se hacen micos y pericos y los funcionarios que toman las decisiones reciben jugosos sobornos. El Micivi es, desde luego, una de las mayores viñas que a saber por qué no ha sido adecuadamente investigado porque todos sabemos en Guatemala que allí se cocinan asquerosos contratos de obra que han sido un mamarracho construida con insolentes sobreprecios.
Otro campo en el que se mueven muchos millones es el del campo energético, en el que ha sido tradicional que los funcionarios que autorizan o dan licencias, luego pasan a ser altos ejecutivos o socios de las empresas que ellos mismos autorizaron porque se les compensa con contratos de trabajo o con acciones, como pasó en su tiempo con la telefonía celular.
El país está inmerso en una mecánica de corrupción generalizada y de tal calibre que no hay ámbito de la administración pública que se libre de ese flagelo porque la impunidad alienta a cualquiera a ver cómo mete un zarpazo que le permita embolsarse una buena cantidad de dinero mediante las compras y contrataciones del Estado. No olvidemos que todo nuestro sistema político tiene cimiento en el tráfico de influencias que se genera con el financiamiento de las campañas electorales, lo que compromete al ganador a pagar la inversión del financista mediante el otorgamiento de facilidades para hacer negocios con el sector público, lo que incluye la facultad de vender a sobreprecios o de reducir la calidad de lo ofertado o contratado.
Estoy convencido que no alcanzaría el personal del Ministerio Público y de la CICIG para investigar todos los focos de corrupción, pero hay que ponerle especial atención a los más grandes, donde más dinero se mueve y entre ellos hay que profundizar el trabajo en el tema de la salud pública, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía, entidades estas últimas, que por su especialización tan peculiar quedan fuera del radar de la opinión pública que no se percata de cuánto puede costar una licencia de explotación minera o cuánto valen todos los privilegios que acarrea la autorización de alguna generadora eléctrica, puesto que en esos casos no sólo se compra el derecho a vender energía, sino que además se reciben beneficios fiscales que en algunos casos pueden valer más que el producto de la energía generada.
Y ha sido corriente en el campo energético que los que fueron funcionarios terminen luego siendo socios o, por lo menos, altos ejecutivos de las empresas a las que beneficiaron desde la función pública. Se pega el grito en el cielo porque exempleados de la Comisión Internacional contra la Impunidad pueden incurrir en conflictos éticos al pasarse a dar asesoría a la otra parte, pero nada se dice de cómo quienes han sido funcionarios y conocen los vericuetos de la ley, pueden beneficiarse y beneficiar a sus clientes conociendo las mañas que se usan para extender licencias.
Todo ello es lo que obliga a investigaciones profundas contra tanto pícaro que presume de honrado.
