Gladys Monterroso
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“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.” Sófocles
Corría finales del año 2002, cuando la llamada sociedad civil de la época, le presentó al PDH de ese momento, la propuesta de la institución que, después de varios avatares surgió con el nombre de CICIG.
Dentro de la institución supranacional que propusieron, la misma debía contar con ciertas calidades de fondo, como: 1) No debía recibir recursos del Estado, para que no fuera objeto de chantaje de los politiqueros, o no incurriera en las malas prácticas de las instituciones del mismo Estado, 2) Tanto su jefe, como la mayoría de su personal no debía ser guatemalteco, por dos motivos fundamentales a) No debía el mismo encontrarse contaminado con las malas prácticas, reconocidas en muchos de los burócratas connacionales, y b) Al no ser nacionales, no tendrían familia en el país, y por lo tanto, no serían objeto de chantaje, extorsión, o tentación, ya que sus raíces se encontrarían fuera de las fronteras.
Esta institución tiene como característica esencial que sus jefes gozan de inmunidad ilimitada, aunque he de reconocer, que nunca me pareció, que la creación de un ente con semejantes atribuciones, fuera la solución a los problemas de exceso de corrupción en el país, pero, acá lo que yo y muchos guatemaltecos pensáramos o dejáramos de pensar, no iba a cambiar la historia.
Durante su primera dirección, la mayoría de los “comunicadores sociales” se volvieron voceros de Castresana y compañía, y fue tanto, y tan bueno, su manejo mediático de los casos, que incluso, algunos ilusos, pensaron que podía ser Presidente del país, fuimos muchos los que sufrimos el autoritarismo de este caudillito, hasta que se evidenció el circo que montó, y por España está como lo que siempre fue, un oscuro personaje.
Posteriormente lo sustituyó Dall’Anese, cuyo período fue totalmente gris, ya que no tuvo más mérito de crear la figura de los jueces de la impunidad, de los que no se pudo probar nada en su momento.
Y por último nos encontramos con el actual comisionado, quien tuvo el acierto de que faltándole poco tiempo, para terminar su mandato, asestó golpes impensables en el país, por lo que fue reconocida su capacidad, y al mismo expresidente que acusó de corrupción, se le tiene que reconocer, que para que lo pudieran acusar, tuvo que solicitar la prórroga del Mandato.
El problema que ha consternado a más de uno estriba en que dos de sus colaboradores cercanos, conocedores y sabedores de información privilegiada, de los mismos casos, por los que ha sido aplaudido su trabajo, deciden crear un bufete y se asocian, nada más y nada menos que con el fiscal de uno de los mismos casos por los que la población le ha aplaudido.
Es altamente cuestionable esa asociación, a días de la presentación ante el Juez, de las pruebas para decidir si se abre a juicio o no el caso de La Línea 1, porque de la 2 no se sabe nada aún.
Acá existen varios actores, de los que esperaríamos como población una enérgica posición, del Comisionado, la Fiscal, y el CANG, ya que se han mostrado parsimoniosos en relación al tema, argumentando que los abogados antes mencionados, por ética no litigarán en los casos en los que intervenga la CICIG, pero que no lo hagan, no significa que no trasladen, o hayan trasladado ya la información privilegiada con la que cuentan, además de estrategias por ellos practicadas todos los años que sirvieron a las instituciones a las que sirvieron, a los abogados de los acusados, bajo la sombrilla de una asesoría.
La sensación general, después de este golpe bajo, es que con CICIG o sin CICIG, nadie nos asegura que la impunidad no siga campeando en el país, ya que la misma es tan permeable, como a quienes debía controlar, todos sabemos cómo funcionan las mafias en el país y fuera de él, por lo que las entrevistas concedidas aumentan la duda sobre los casos en cuestión, espero equivocarme, pero pareciera que no.
