Víctor Hugo Godoy
Guatemala se salvó por un pelo en el examen de noviembre ante la Organización Internacional del Trabajo. De los principales reclamos que se nos hicieron, fueron los ataques de los propios funcionarios de Gobierno en contra de los pactos colectivos de trabajo, porque nuestro país además de haber suscrito el Convenio 98 sobre negociación colectiva, el mandato constitucional del artículo 106 reitera que el Estado debe fomentar y proteger dichos pactos. Según Boaventura de Sousa Santos, en su ensayo “Reinventar el Estado, Reinventar la Democracia” al repasar la historia, nos dice que las luchas de los trabajadores y de los sindicatos fueron las que construyeron la ciudadanía y la democracia liberal que hoy conocemos. Pero, ¿por qué en el imaginario guatemalteco la lucha sindical y los pactos colectivos de condiciones de trabajo son mal vistos?
En el artículo anterior anotaba que el 70% de la población labora por su cuenta o en la informalidad y por ende carece de prestaciones laborales (horario, descanso semanal, vacaciones, seguro social, salario mínimo), por lo tanto, los trabajadores con trabajo fijo o en relación de dependencia parecieran unos privilegiados, aunque sólo lo sean por la estabilidad laboral de que gozan. Por otra parte, la discusión pública sobre los pactos colectivos se da en una coyuntura de precariedad de servicios públicos por falta o mal uso de recursos financieros, como por ejemplo en el sector salud. Sin embargo, aquí se olvida que el trasladar los servicios de salud preventiva a ONG no especializadas se descuidó esa fundamental atención, propiciando que todo enfermo acudiera hasta los hospitales haciéndolos colapsar. Aquí, es necesario recalcar en lo señalado el 9 de noviembre en el matutino El Periódico en el artículo “El detonante de la corrupción”. Ello sin tomar en cuenta lo que se pierde en corrupción en la compra de medicamentos y equipo médico quirúrgico, al igual que lo que se deja de percibir por exoneraciones o privilegios fiscales que limitan la capacidad del Estado. Pareciera que todas las carencias que padece el Gobierno son responsabilidad de la voracidad de los sindicatos, aunque lo fundamental en los pactos sea recobrar la estabilidad laboral perdida en tiempos de Arzú con el famoso 029 y el retiro voluntario.
Finalmente, contribuye al imaginario adverso, el contexto de las recientes luchas cívicas, pues los dirigentes de las principales organizaciones sindicales del Estado no estuvieron respaldando las protestas ni las demandas ciudadanas antigubernamentales. Mis amigos, Joviel Acevedo, Luis Lara y Nery Barrios se vieron desdibujados, apareciendo como parte del problema en lugar de ser parte de la solución; y, haciendo planteamientos necesarios y de reivindicación históricos, pero políticamente incorrectos en el momento que se vivía. Sin embargo, nos gusten o no, los pactos colectivos de trabajo son parte del Estado de Derecho y por ello será bueno siempre recordar lo que Malcom X sentenciaba: “Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido»
