Francisco Cáceres Barrios
Fracaceres@lahora.com.gt
Mientras el Estado, por falta de recursos, mantiene cerradas las puertas de los hospitales nacionales más importantes para quienes no tienen más que su inmensa miseria; en el feo edificio de la 9ª. avenida, que aloja al Congreso de la República, las mantiene abiertas para quienes a manos llenas derrochan los recursos públicos. ¡No hay derecho! Resulta inconcebible que para un organismo que no trabaja, ni produce nada en beneficio de nuestra sociedad, solo asistan de vez en cuando 158 diputados a hartarse y a vivir de la politiquería nacional, sin que hasta la fecha la mayoría no cumpla con lo que preceptúa nuestra Constitución en su artículo 113, de tener acceso solo aquellos que disfruten de los méritos de capacidad, honradez e idoneidad.
Pero aquí no termina el acabose de nuestro Organismo Legislativo, a pesar que su producción es prácticamente nula, mantiene 2 mil 722 plazas ocupadas, sin incluir sus graciosos asesores que hacen elevar la cifra a los 3 mil empleados. Y aún hay más. Ahora resulta que solo en lo que va del año 2015, se ha erogado Q8.5 millones para pagar “horas extras” al personal distribuido en la autoridad superior, finanzas, administración, recursos humanos, auditoría, comunicación social, protocolo, informática, la dirección y actividad legislativa.
¿Alguien duda que lo antes dicho es corrupción y por cierto de lo más descarada? ¿Esto no es muestra de lo pésimo que es la administración de los recursos públicos? Si hacemos cuentas y acumulamos el dinero derrochado durante los años que llevamos de tener un número de diputados que no debiera exceder de los sesenta, pues seguramente a estas alturas podríamos estar felices de contar con un centro hospitalario que diera cabida a tanta gente que antes de las cinco de la mañana está parada en las afueras del Hospital General San Juan de Dios, para que tres o cuatro horas después le cierren las puertas en sus narices y, aquellos que han tenido suerte de ser atendidos, solo reciben las respectivas recetas medicinales que el Estado no les puede proporcionar y por lo tanto, sin un centavo entre la bolsa, no tienen más remedio que llorar sus tristezas al salir a la calle.
¿Qué dirá de esto el presidente Alejandro Maldonado, cuando orgullosamente fue de los firmantes de la Constitución que nos rige? Desde sus primeras normas se lee: “El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”. Por todo ello le pregunto al pueblo ¿no será mejor amarrarnos los pantalones y acabar de una vez por todas con el desastre imperante en los tres organismos del Estado? Caso contrario: seguiremos de mal en peor.
