Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Creo que es correcta la actitud municipal de rechazar el chantaje de los empresarios de transporte, porque ceder significaría caer en el eterno juego mediante el cual han sometido no sólo a autoridades edilicias sino hasta las del Gobierno Central que, como en el caso de Colom, cayeron en el tráfico de influencias y manejo de financiamientos de campaña transacciones multimillonarias a los dueños de las unidades de transporte.
Sin embargo, creo que es un riesgo no tener una estrategia de mediano y largo plazo para enfrentar el serio problema del transporte colectivo en el área metropolitana, porque justamente esa carencia es la que más empodera a los empresarios del actual sistema que es una calamidad en todo el sentido del término. Empezando porque es tiempo de implementar seriamente el mandato constitucional que obliga a conformar un ente que defina políticas para toda la región metropolitana y en la que los alcaldes de los municipios que la conforman sean representados para unificar criterios y definir planes conjuntos tomando en cuenta que los límites jurisdiccionales entre las comunas no significan que hasta esos linderos llegue y se queden los problemas.
El transporte es la mejor muestra de la necesidad de coordinación entre los municipios porque tanto en cuanto a sistemas masivos como en cuanto a la conformación de la red vial, hace falta una visión de conjunto que facilite la vida a quienes habitan en la región metropolitana.
De hecho se puede decir que el Transmetro es un experimento que está sirviendo para demostrar que un sistema municipal de transporte puede operar con seguridad, eficiencia y a precios razonables. Es una lástima que no se puedan conocer a detalle los números de la operación porque la misma se maneja a través de fideicomisos que tienen la característica de secreto, pero aún con esa carencia se puede decir que el municipio puede y debe diseñar sus modelos de transportación masiva y administrarlos porque el modelo privado que ahora existe es un absoluto fracaso.
El problema es que al no tener alternativa, los empresarios (me cuesta tanto darles ese calificativo porque de empresarios no tienen nada) están montados en el macho porque saben que pueden ejercer presión y que, en última instancia, una paralización de ese remedo de “servicio” que ofrecen pondría de cabeza no sólo al municipio sino al mismo país. De una u otra manera tienen la sartén por el mango a falta de opciones reales y efectivas.
Por supuesto que en el corto plazo no podemos pretender que se tenga otra respuesta, pero sería deseable que a nivel municipal, regional o inclusive del Gobierno Central, se empezara la planificación de un moderno y eficiente sistema como el que ya opera en otras capitales latinoamericanas, inclusive algunas con menos población que el área metropolitana de Guatemala.
Debe entenderse que el tiempo de un sistema como el que hemos tenido ya caducó y que no hay forma de que con esa gente y esas mentalidades se pueda esperar alguna mejora para el usuario. La modernidad obliga a repensar el modelo y es tiempo de asumir compromisos.
