Javier Monterroso
Imposible no escribir sobre este tema, como todos sabemos el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, propuso en un foro organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la creación de un impuesto específico para financiar la seguridad y la justicia, el comisionado, además, propuso que este impuesto debería aplicarse a las grandes fortunas, es decir solo afectaría a los más ricos de Guatemala.
La reacción del sector privado y sus voceros en los medios de comunicación no se hizo esperar, inmediatamente comenzaron a criticar la propuesta y a quien se atrevió a hacerla con los más variados argumentos, y en su berrinche final el CACIF no asistió a la presentación pública del informe de labores de la CICIG. A pesar de eso el comisionado no se amilanó, recordemos que, además, es un fiscal que se ha enfrentado a narcos y paramilitares colombianos y a corruptos guatemaltecos, por lo que le viene del norte lo que piensen los señores del CACIF y nuevamente en el «Foro de Competitividad» organizado por el gobierno y el sector privado volvió a plantear la necesidad de un impuesto específico para la seguridad y la justicia.
Uno de los argumentos principales que utilizan los profesores de la Universidad Francisco Marroquín, que son columnistas de diversos medios, para oponerse a la propuesta es que no es posible plantear un impuesto específico para la seguridad y la justicia porque de hecho estas son las funciones esenciales del Estado y citan los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República, por lo que proponen enfocar en la justicia los recursos que se gastan en otras funciones «no esenciales».
Sin embargo, el circunscribir la función esencial del Estado solamente a la prestación de seguridad y justicia es producto de una visión liberal propia del siglo XIX, para el Estado moderno tan importante es garantizar la seguridad y la justicia como el resto de obligaciones sociales, es decir salud, educación, alimentación, acceso a vivienda, protección al medio ambiente, etc. que constituyen lo que también se establece en los artículos 1 y 2 de la Constitución, pero que los neoliberales no quieren leer: el bien común y el desarrollo integral de la persona.
En conclusión oponerse al impuesto extraordinario bajo el argumento de que en su lugar deberían de reenfocarse los fondos asignados a otros gastos públicos es imposible, tan esencial como la seguridad y la justicia es el gasto social del Estado, lo que el comisionado Iván Velásquez nos está recordando es que tener un sistema de justicia y seguridad efectivos requiere recursos, y aunque no lo quieran reconocer los empresarios y sus voceros Guatemala es el país que menos impuestos como proporción del PIB paga en América Latina, y es el que menos gasto público como porcentaje del PIB tiene en el mundo, la única salida es que aquellos que más recursos tienen paguen más.
