Jorge Mario Andrino Grotewold.
@jmag2010
Sería extraordinario ver a la diputada Nineth Montenegro de Ministra. Ejecutando presupuesto y no sólo fiscalizándolo.
Las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado finalmente fueron aprobadas este año 2015, en un esfuerzo hecho por varias entidades de sociedad civil, centros de pensamiento y un grupo pequeño de diputados y diputadas que tomaron con seriedad la propuesta, abrieron un espacio en las mesas de discusión del Congreso, y fueron tolerantes para incluir la enorme cantidad de insumos técnicos que se presentaron. El resultado: una negociación para lograr reformas, si no profundas, lo suficientes para cambiarle un poco el rostro de la ley que fue vulnerada para cometer actos de corrupción.
La introducción del Contralor General de Cuentas al proceso de discusión en la etapa de modificaciones finales en el Congreso de la República le da cierta confianza a las propuestas hechas, especialmente porque se espera del propio Contralor un mecanismo efectivo de control y vigilancia del cumplimiento de la ley, todo con el propósito de garantizar transparencia en el gasto público.
Pero reformar las leyes no es garantía de esa transparencia esperada. Normar límites para los contratistas del Estado o establecer procedimientos de puja en subastas inversas medirán solamente el alcance de empleados y funcionarios no dispuestos a corromperse ni de aprovecharse del erario público. Ese proceso de reforma legal debe necesariamente de acompañarse por un período de verificación cuidadosa del sistema de veeduría electrónica que tiene Guatemala -Guatecompras. Pero se trata también de que no sea solamente un flujo de información como lo es ahora, sino como funciona en otros países como Chile, España o Colombia, donde el portal es interactivo para medir calidad del gasto, plazos de ejecución y aspectos comparativos de competitividad, que exponen a los altos y medios decisores de compra estatal, a ser acusados de actos de corrupción si no actúan conforme a los mejores intereses del Estado.
Se trata también de lograr una consciencia moral en la burocracia estatal, que se acompaña formalmente con un sistema de servicio civil efectivo. Crear una mística de la función pública que permita sentirse orgulloso de ese servicio público, y avergonzado en su máxima expresión cuando es encontrado culpable de corrupción e inclusive desinterés en las operaciones de ejecución presupuestaria del Estado. Además de ello, que sea sancionado para ser parte en cualquier función pública futura, y no que aparezca nombrado como Ministro en un gobierno venidero. Si esto no se logra, los esfuerzos serán en vano.
Pero, además, las reformas a leyes como la de Contrataciones del Estado, deben permitir que los funcionarios ejecuten el presupuesto adecuadamente, según los estándares de calidad del gasto y transparencia establecidos por la propia sociedad. Para ello se requieren servidores públicos honestos, con mística y eficientes. Una ley que evite esa ejecución presupuestaria efectiva es igual de mala que una que permita la corrupción. Las políticas públicas que el Estado requiere implementar necesitan de esa facilidad de aplicación, sin perder los controles ante, durante y post compra.
El proceso de cambio y modernización del Estado está en proceso. Contrataciones públicas y tarjetas de crédito son el inicio. Servicio Civil, Archivos, Competencia y las reformas a los sistemas de justicia y electoral son aún agenda pendiente. Y la sociedad deberá seguir vigilante.
