La creación de instrumentos de inteligencia civil en el Estado de Guatemala fue un paso importante luego de nuestro conflicto armado cuando todo el proceso de recolectar información y procesarla fue asignado únicamente al Ejército, que era parte del conflicto, y por lo tanto se supeditó esa importante función a los términos de la guerra, pero dejando de lado toda aquella otra forma de interpretar la información para que el Estado pudiera cumplir con el resto de sus fines, entre ellos el combate al crimen organizado.
En los últimos años, a tragos y rempujones, algo se había avanzado en cuanto a disponer de instrumentos útiles para que se pudieran prevenir acciones que afectaran a la población, no sólo en el campo puramente criminal, sino también en otros sentidos. Pero el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, y hay que señalarlo así porque la responsabilidad hoy por hoy es únicamente suya, dio un terrible paso en la dirección equivocada, y sólo rectificaron luego de las enérgicas protestas de la sociedad.
Los nombramientos realizados por este gobierno en la Dirección de Inteligencia Civil (Digici) son un terrible retorno al pasado y ponen fin al esfuerzo de disponer de capacidad, de disponer de inteligencia administrada y dirigida con mentalidad de civil, puesto que retornan al control de los aparatos de espionaje quienes hicieron tan mal uso de ellos cuando estuvimos en el conflicto armado interno y los usaron para dirigir la eliminación de ciudadanos que, sin ser sometidos a ningún tipo de proceso, pagaron con su vida el delito de ser opositores al régimen.
De la actual Ministra de Gobernación no se puede esperar mucho luego de haber dispuesto que el cuartel Mariscal Zavala se convierta no sólo en una prisión VIP sino sitio de reencuentro entre el expresidente Pérez Molina y seguramente su íntima colaboradora, la exvicepresidenta Baldetti, pero aunque todo esto haya sido un arreglo con el futuro Presidente Jimmy Morales, la responsabilidad moral ineludible recae sobre las actuales autoridades y eso significa la Ministra y el Presidente en funciones, Alejandro Maldonado Aguirre, detalle que tiene que ser claramente consignado para la historia porque este hecho sin duda que marca un antes y un después en el esfuerzo por lograr el combate a la impunidad.
Nombrar a un declarado enemigo de la CICIG para dirigir el aparato de inteligencia civil de Estado fue más que una señal. Fue un sopapo al pueblo de Guatemala, agravio que no se borra ni con el reculón que se vieron obligados a dar.
