Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Se construyó el Hospital Militar, que nunca ha sido utilizado en su totalidad. Por qué si ese hospital fue construido con recursos provenientes de los impuestos y está siendo subutilizado en un 40%, no se le entrega a la seguridad social o a salud pública y se construye un hospital del tamaño del Centro Médico en el predio del antiguo Hospital Militar, destinado exclusivamente para el Ejército, bajando así los costos de operación y compensando con la entrega parte de la deuda que el Estado, como patrono, le tiene al IGSS.
Ello sería mucho más rápido y rentable que se construyese por el Seguro Social un nuevo hospital de referencia, y también le permitiría al Ejército mantener un hospital de primera clase a menores costos operativos.
El dinero proveniente de los impuestos destinado a salud pública es insuficiente, lo mismo sucede con las contribuciones patronales y de afiliados a la seguridad y salud en el IGSS. Todo ello se agrava por una administración “leeeeenta”, ineficiente, onerosa, donde los grandes beneficiados son los proveedores y los numerosos sindicatos, en cuyos pactos colectivos de condiciones de trabajo no les ha importado requerir que a sus abogados se les pague millones de millones como honorarios en la negociación, al fin y al cabo, a ellos no les significa mayor erogación y hasta posiblemente los honorarios se dividen entre muchas personas improcedentemente.
No tiene lógica, mucho menos justificación, que prácticamente en salud pública hayan tantos sindicatos como hospitales a nivel nacional. Por supuesto que eso significa más de 50 comités ejecutivos inamovibles, quienes ni lerdos ni perezosos también piden plazas fantasma o para familiares, numerosos días de permiso para actividades sindicales, viáticos, combustible y vehículos, cuando lo adecuado sería que en el Ministerio de Salud existieran no más de cuatro sindicatos: uno de médicos, otro de enfermeras y técnicos, otro de personal administrativo y un cuarto de personal de servicios.
Ideal sería menos sindicatos, lo que permitiría que no se elevara los costos salariales más allá de la capacidad de pago por parte del Ministerio de Salud o del Seguro Social.
La justicia es una balanza y si cualquiera de los dos platos se sobrecarga deja de ser justicia, por cuanto ese desbalance implica que un lado tiene demasiado a su favor y el otro demasiado en su contra.
Ni el Ministerio de Salud, ni el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fueron creados para beneficio de los laborantes en esas instituciones, fueron creados para servir a los guatemaltecos. Por ello, todos sin excepción deben comprender y aceptar que se debe dar a cada quien lo que legítimamente corresponde y si no se hace así se está obrando en injusticia y en contra de la vida de los guatemaltecos.
El derecho a la vida es un derecho fundamental, no basta con que esté establecido en la Constitución, si el mismo no se materializa, no se respeta. La Procuraduría de los Derechos Humanos debe velar permanentemente por el cumplimiento del derecho a la vida; la Procuraduría General de la Nación no puede aceptar que exista un pacto colectivo de condiciones de trabajo, un plan de retiro donde los aportes de las contribuciones sean insuficientes, para que los programas no quiebren.
¡Guatemala es primero!
