Félix Loarca Guzmán
Como un balde de agua fría cayó sobre la población guatemalteca, la decisión de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, licenciada Gloria Porras, de otorgar un bono de productividad a los empleados y magistrados de ese alto tribunal de justicia, en medio de la peor crisis de los hospitales en la historia del país, ante la carencia de fondos para abastecerlos de medicinas y otros insumos, y en algunos casos poner al día las remuneraciones de los médicos.
Según las versiones periodísticas, el bono otorgado a cada uno de los magistrados fue por un monto de 72 mil 710 quetzales. El total que la Corte dispuso para cubrir este bono también llamado “revolucionario”, ascendió a 3 millones 200 mil quetzales.
Según declaraciones de la Presidenta, a los medios de prensa, para otorgar el bono, se erogaron tres millones doscientos mil quetzales. Dijo que la medida es un reconocimiento por su trabajo, para los 288 laborantes del alto tribunal.
Hasta ahora, solo el magistrado Roberto Molina Barreto, decidió devolver el bono a las arcas de la Corte de Constitucionalidad, argumentando que desconocía las motivaciones de la medida. El jurista explicó en una carta, que decidió reintegrar el monto del bono a los fondos de la institución, tomando en consideración la coyuntura nacional.
La acción de este magistrado podría ser evaluada como algo encomiable, de no ser porque en el fondo lo que busca es lavar su rostro, luego del triste papel que ha desempeñado al favorecer en diferentes resoluciones a sectores del oficialismo y del poder económico del país.
Molina Barreto está tratando de mejorar su imagen pública, para concretar los planes de lograr su reelección para un nuevo período.
Numerosas personas y entidades de la sociedad civil se han pronunciado en forma enérgica en contra del bono, estimando que ese gasto constituye una burla para el pueblo, dados los graves problemas que se afrontan por falta de fondos en salud pública, especialmente en los hospitales nacionales, los cuales están agonizando.
Una situación muy diferente sería, que en vez del bono, la Presidenta de la Corte, hubiera decidido entregar los tres millones doscientos mil quetzales a los hospitales nacionales, para garantizar la atención a los enfermos.
