Gladys Monterroso
licgla@yahoo.es
“En esta vida no hay nada cierto, salvo la muerte y los impuestos.”
Benjamín Franklin
Hace días leí con preocupación las declaraciones del Comisionado de la CICIG proponiendo un “impuesto especial sobre los grandes patrimonios, que tuviera la destinación específica para el sector justicia”; me parece que es necesario, un análisis en relación al problema fiscal global guatemalteco, ya que el mismo es de fondo no de forma.
La gran complicación del país no se encuentra solamente en la defraudación y la mora tributaria, se aprecia, en el sistema mismo que es injusto e inequitativo, ya que la mayor carga se encuentra en la clase compuesta por los asalariados y los profesionales, que no tenemos derecho a deducciones, contrario sensu, los comerciantes quienes tienen derecho a las deducciones establecidas en la ley, por lo que si se realiza una relación en términos porcentuales, pagan menos impuestos, especialmente ISR.
Aunado a lo anterior, se deben analizar las dos partes de las que consta el presupuesto, ingresos y egresos, y si los ingresos tributarios son un problema, los egresos o gastos lo son, probablemente en mayor magnitud, ya que de acuerdo al ICEFI, del presupuesto 2015 a los gastos de capital conocidos como Listado Geográfico de Obras, se le asignaron 13 mil 900 millones equivalentes al 19.7% del total de los egresos.
Otro rubro importante son los fideicomisos inconstitucionales a todas luces, ya que violan el artículo 154 de la Carta Magna, que establece textualmente: “La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.”, que se sepa ningún fiduciario ha jurado fidelidad a la Constitución, sin embargo, de acuerdo a la misma fuente para el año 2015, 3 mil 409 millones serían ejecutados vía fideicomiso, lo que significa porcentualmente el 4.83% del total del presupuesto, otro rubro importante es el de Salud, en el que, en contratos abiertos de medicamentos, productos farmacéuticos y otros insumos hospitalarios, se adjudicaron Q1 mil 434 millones, cifra que equivale al 2.03 %.
Los porcentajes anteriores serían letra muerta, si los guatemaltecos percibiéramos esa calidad del gasto que es intangible, ¿Por qué de lo anteriormente planteado? Porque los rubros analizados se ha demostrado que son focos de corrupción, si la “comisión” en el área pública se encuentra institucionalizada en un 30%, asumimos que aproximadamente Q1 mil 600 millones se perdieron en corrupción.
Lo anterior sin mayores resultados, ya que: a) La corrupción no principió el año pasado, b) La comisión se encuentra institucionalizada, c) Los fideicomisos son inconstitucionales.
Es cuesta arriba que la población acepte un impuesto temporal, por los siguientes antecedentes: a) Con excepción del ISET, en tiempos de Serrano Elías, que se trató de un solo pago, en Guatemala, los impuestos temporales se convierten en permanentes, b) Los grandes Patrimonios son de los grandes empresarios, y a falta de una política de democratización de los precios, los impuestos directos como el que se plantea, siempre han sido trasladados al consumidor, o al siguiente en la cadena de producción, y c) Contamos con un alto grado de corrupción desde hace un poco menos de treinta años, que desgraciadamente, ha crecido más con cada gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, sé muy bien que es necesario modernizar el sistema tributario, pero lo es aún más el lado del gasto, si no se tienen señales que nuestros dineros son bien administrados, y que la carga no recaerá sobre los de siempre, por muy buena voluntad que se tenga, no cuaja semejante idea, ya que de buena voluntad los guatemaltecos estamos bastante cansados, por lo que aunque admiro el trabajo de la Fiscal y el Comisionado, creo que no es el momento político de pedir más, si no se demuestra a dónde va lo que forzosamente se da.
