Luis Fernández Molina
Expreso mis felicitaciones al magistrado Molina Barreto por devolver el cheque por el bono extraordinario que de manera inesperada e inoportuna dictó la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC). No es fácil rechazar Q70 mil que no hacían estorbo en la billetera. Su actitud ha sido congruente con la figura de un juzgador, en especial de tan alta investidura, ya que un juez no solamente es alguien que dicta resoluciones justas sino que representa materialmente a ese ideal de justicia que debe ser el norte rector en el marco de una sociedad. Debe comunicar en sus actuaciones ese equilibrio de la balanza de Maat.
En otras ocasiones he estado en desacuerdo con decisiones del magistrado Molina y las he criticado. Nada personal (no somos parientes por cierto), no se califica a la persona sino a su actuación de funcionario; como dijo Jefferson todo funcionario se convierte en “cosa pública”. Y no solo en cuestiones jurídicas, también manifesté mi desacuerdo con el monumento –¿Pegaso?– que colocaron en la entrada principal de la CC. A algunos les parecerá bonita, a mí me parece un adefesio, pero esa es la democracia del arte y el licenciado Molina Barreto está allí por sus innegables y profundos conocimientos jurídicos y no por su particular concepción de la estética.
Los magistrados de la CC deben conocer bien la doctrina imperante en materia laboral que las concesiones patronales se van consolidando hasta cristalizar en derecho, en otras palabras la costumbre y prácticas se convierten en ley. Lo que autorizó la CC es un bono (¿revolucionario?), esto es, un complemento del salario; el año pasado fue “bono de inflación”. Quien quita que el año entrante los trabajadores de esa Corte exijan ese mismo bono y, utilizando criterios “protectores”, “sociales”, determine la nueva CC la procedencia de ese bono que así quedaría permanente. Igualmente saben los magistrados que las leyes laborales las han ido decantando en una interpretación favorable a los trabajadores. Habría que definir qué se entiende por “favorable” (tema que abordaré en otra ocasión) ya que el principal beneficio hacia los trabajadores es abundante oferta de trabajo y buenos salarios. Mientras más se apriete a los patronos menos empresarios van a lanzarse al ruedo de los negocios, que es lo que está pasando. Valgan de ejemplo a desarrollar posteriormente, la maternidad, la prescripción de derechos y los contratos civiles.
El referido bono extraordinario vino en un momento poco feliz. Si la motivación fue el mucho trabajo que han realizado habría que ver en algunos juzgados que los oficiales se quedan hasta las seis de la tarde, y más, para tener al día sus mesas; igual carga enorme tienen muchos fiscales con más de cien expedientes al mismo tiempo. No se diga de los trabajadores de hospitales y muchos otras entidades estatales que laboran aunque no les han cancelado varios meses. Claro, en todos lados hay vagos y aprovechados, pero veamos el lado positivo que es mayor. Autorizar ese bono cuando después de la plaga egipcia de las langostas anaranjadas dejó, literalmente sin medicinas los hospitales, sin refacción escolar, sin caminos. Me parece discordante. No es congruente con los principios de justicia e igualdad con los demás trabajadores públicos. Entonces ¿para qué están las escalas de salario? Por cierto, urge modificar la legislación general del servicio civil y las particulares de cada ente autónomo.
En cinco meses tendremos una nueva CC y a los actuales se les pagará su indemnización conforme la legislación laboral, misma que se calcula sobre el promedio de los ingresos de los últimos seis meses.
