Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, ha sido mal administrado, iniciándose por su junta directiva, donde el representante del Colegio de Médicos y Cirujanos es un delegado gremial, que se preocupa de sus colegas y no de la seguridad social.
Muchas veces también eso ha sucedido con el representante de la Universidad de San Carlos, que no busca el desarrollo y el bien de la seguridad social sino los beneficios particulares.
El IGSS, a pesar de tener numerosos inspectores patronales y de seguridad e higiene, es lentísimo en la fiscalización hacia los patronos y por ello muchos evaden el estar afiliados o, estando afiliados, el contribuir como legalmente les corresponde sobre la totalidad de los salarios. Por ejemplo, en los hoteles y restaurantes parte del personal es trabajador afiliado y parte personas contratadas a destajo, a los que no se les reporta, evadiendo el pago de todas las prestaciones de seguridad social.
Adicionalmente, dividen los sueldos entre salario mínimo e ingresos por comisiones o propinas; cuando las normas del seguro social deberían de establecer que todo ingreso que recibe un trabajador está sujeto a contribuciones sociales, para así garantizarle prestaciones económicas y de retiro por la totalidad de lo que ha devengado en sus años trabajados.
Otro problema existente es que muchos trabajadores que no radican en la capital y realizan actividades agrícolas, los patronos no los afilian, no los reportan y por consiguiente no contribuyen al sistema de seguridad social, ni reciben prestaciones ellos, sus esposas e hijos, ni de salud, ni de invalidez, vejez y sobrevivencia.
Por ello es que en Guatemala, de la población activa como trabajadores, ni siquiera la tercera parte son afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo que ha implicado que en varios departamentos, como por ejemplo El Progreso, sea tan baja la densidad de población afiliada y que desde su inicio sean departamentos deficitarios para el sistema de seguridad social. Ello ha implicado que Salud Pública atienda a más del 95% de la población de los departamentos del país. Distinto sería si el IGSS fuera responsable de la salud de por lo menos la mitad de los trabajadores, sus esposas e hijos.
Hace varios años, siendo gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, le plantié al presidente Efraín Ríos Montt que se plasmara la copropiedad de hospitales entre Salud Pública y el IGSS. Por ejemplo, si en el departamento de Escuintla el 70% de la población trabajadora es afiliada, el hospital de Salud Pública de aquella época recién construido fuera administrado por el IGSS y le otorgara a Salud Pública el 30% de la instalación, tanto para consulta externa como para hospitalización y así la mayoría de los gastos administrativos le corresponderían al IGSS. A la inversa, en el Progreso o Quiché, el IGSS fuera condueño del 10% del área hospitalaria construido con préstamos e impuestos y pagase a Salud Pública por áreas de consulta externa y hospitalización y no tuviera que arrendar inmuebles inadecuados, haciendo los hospitales o consultas externas precarias.
¡Guatemala es primero!
Continuará
