Podríamos dar por sentado que en Guatemala hay un sentimiento generalizado, por no decir que unánime, respecto al daño que nos ha causado la impunidad. No puede entenderse la impunidad sin corrupción, pero tampoco la corrupción en los niveles que la hemos sufrido sin impunidad, por lo que siempre hemos dicho que son dos crímenes que coexisten necesariamente en países donde la institucionalidad pierde su sentido y todo el quehacer político se traduce en negocios y enriquecimiento ilícito.
Al respecto no vemos que haya mayores disidencias y las que existen son sordas, porque se trata de los que abiertamente se han beneficiado de esa perversa mezcla de impunidad y corrupción y por lo tanto son los que temen ser perseguidos si avanza el proceso que se inició este año.
Pero cuando se trata de asumir posturas definidas y, más que eso, de hacer aportes a la lucha contra la impunidad sí que surgen las discrepancias, sobre todo cuando se planea el tema fiscal, la necesidad de recursos para fortalecer las instituciones del sector justicia. En Guatemala hablar de impuestos es expresar una mala palabra no sólo porque hay una corriente ideológica dominante que estima que los impuestos son un despojo que se hace al ciudadano, sino también porque tenemos una larga tradición en ese sentido. De hecho, como nación nos declaramos independientes para no pagarle impuestos a la Corona Española. La nuestra no fue una independencia en busca de la libertad sino que dictada por la resistencia a pagar tributos. Prueba de ello es la inmediata decisión de los poderosos para anexionarnos al Imperio de Iturbide con la misma desfachatez y flema con la que los criollos rompieron con su madre patria.
La reacción a la iniciativa planteada por Iván Velásquez en forma muy general, sin detalles como para aceptarla o rechazarla a priori, es natural en nuestro país y se podía dar por sentada si uno conoce el comportamiento del guatemalteco en términos generales y de los sectores dominantes en términos más particulares.
Creemos que el tema debe ser motivo de un amplio debate sin los prejuicios ideológicos o históricos que hemos tenido. Guatemala tiene oportunidad de cambiar y acabar con la lacra de la corrupción, pero necesita acabar con la impunidad porque sólo la certeza del castigo y del despojo de los bienes mal habidos hará que el país cambie. La comunidad internacional nos tendió la mano pero la CICIG no se dará abasto para la inmensa tarea y el MP está asfixiado financieramente. Buscar los recursos es tarea de todos y discutir las formas se vuelve imperativo.
