En Guatemala se dispuso liberar la comercialización de todos los combustibles derivados del petróleo para permitir que el libre mercado funcione y que, según la teoría, la oferta y la demanda sean los factores que determinan el precio de venta al público. Anteriormente existía un fondo compensatorio que servía para evitar bruscos cambios de precio derivados de la volatilidad del valor mundial del crudo, materia prima esencial de los hidrocarburos.

El Ministerio de Energía y Minas ha sostenido que no puede hacer absolutamente nada cuando los importadores mueven a su antojo los precios, lo que significa que el día en que se anuncia en la prensa un alza en el precio del crudo, elevan los precios en las bombas expendedoras, mientras que cuando hay una rebaja, ellos se toman un par de semanas para trasladarlo al consumidor.

Pero ahora con el gas propano el Ministerio ha dicho que es injustificado el aumento que dispusieron los importadores y expendedores de ese producto de primera necesidad para muchísimos hogares guatemaltecos. Y es que, como pasa con las gasolinas, la variación no se justifica por ningún motivo y es totalmente arbitraria.

El problema del libre mercado es que necesita de auténtica libre competencia para que pueda funcionar la ley de la oferta y la demanda. Cualquier acuerdo entre los que ofrecen un producto para fijar precios o elevarlos a su gusto, rompe por completo la esencia misma de esa ley que, según los teóricos, opera como mano invisible para regular los precios. Cuando existe colusión entre los oferentes, la mano invisible cambia y se vuelve mano peluda, porque la demanda no tiene ninguna relevancia en esas condiciones.

La demanda está allí porque la gente necesita del producto, pero la ausencia de libre competencia entre los oferentes hace que el consumidor esté atado, literalmente obligado a caer muerto con las condiciones que imponen quienes se ponen de acuerdo para establecer precios y condiciones.

El ideal, desde luego, es que no existan interferencias estatales en el mercado, pero cuando ocurren abusos y excesos, cuando los particulares pisotean las leyes de mercado y utilizan su libertad para atornillar al consumidor dejándolo sin opción distinta a la de pagar el precio fijado caprichosamente, tiene que existir un mecanismo de defensa y es cuando surgen los controles y regulaciones que son consecuencia del abuso, de la actitud arbitraria de quienes pisotean la libertad de mercado para aprovecharse y aumentar sus ganancias a expensas de una demanda que, como factor, se vuelve inútil porque termina sin vela en el entierro. En este caso, urge que la autoridad tome medidas.

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