Jesús Alvarado Mendizábal
El encabezado es un adagio que viene desde hace muchos años y cae como anillo al dedo en el caso de los implicados en la defraudación aduanera denunciada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en abril pasado.
Muy tardíamente, el expresidente Otto Pérez Molina en las postrimerías de su mandato mencionó la “Línea 2”. Los integrantes de la “Línea 1” con muy raras excepciones, eran empleados públicos. A todos los capturaron y guardan prisión. El MP y la CICIG (sus reales razones, no las han dado a conocer) mantienen en reserva la lista completa de importadores que supuestamente pagaron una cantidad no determinada para ser favorecidos con un aforo más bajo y no el legal.
“Hechor y consentidor pecan por igual” es otro adagio, pero parece que la justicia sigue igual pues en el caso los de “La Línea” 1, como empleados públicos eran los más vulnerables, fueron capturados, esposados y de una vez el juez los mandó a prisión “preventiva”.
Los comerciantes importadores (como miembros del sector privado) simplemente no los capturan sino fueron citados (casi invitados) para que lleguen al tribunal a responder por lo que “de buena fe” (según dijo el representante diplomático residente en el país) pagaron lo que les pidieron. Esto podría dar lugar a que quienes guardan prisión, también digan que fue un servicio al gobierno para que la mercadería no entrara de contrabando que en el ramo aduanero se da en abundancia.
Por cierto, como dijo un columnista en un diario local, la prisión preventiva no es presunción de culpabilidad ni un castigo; pero, ¿qué pasaría en el caso de una persona capturada que la envían a prisión (ligada a proceso, así se justifica) y como la justicia es tan rápida como una tortuga, después de varios meses (o quizá años) resulta inocente? No hace mucho, la señora Fiscal (no “Fiscala” como de repente la llamen quienes le ponen género a los cargos) dijo que las pruebas sobre culpabilidad deben ser documentales y no testimoniales.
¿Quién desagravia al apresado el tiempo que estuvo preso? ¿Quién va a resarcirle su honorabilidad lesionada? ¿Quién le va a compensar el daño moral (y quizá físico como es costumbre en las prisiones) que sufrió? Con esto, no quiero decir que las personas en el caso de “la Línea” sean inocentes; eso será determinado por el juez con base en las pruebas documentales que el MP y la CICIG aporten. Sólo es una reflexión que en mi época de estudiante de periodismo en el curso sobre Derecho lo señalé y el catedrático me respondió que es injusto pero así está establecido.
¿Por qué ha demorado tanto la CICIG y el MP en denunciar a los comerciantes que integran lo que ya se identifica como la “Línea 2”? ¿Por qué tratamiento especial para quienes pueden estar implicados en la defraudación aduanera? Ellos, sabían que debían pagar mayor cantidad por las importaciones, ¿por qué admitieron un tratamiento de privilegio? Al aceptar un pago para lograr un aforo menor, se convirtieron en cómplices y deben ser sancionados conforme la legislación respectiva.
