Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
En los primeros días de enero del año 2000, habiendo asumido la Presidencia y Vicepresidencia de la República el binomio presidencial Alfonso Portillo-Juan Francisco Reyes, respectivamente, dentro de las varias bombas políticas que dejaba el gobierno saliente de Álvaro Arzú y que no se conocían porque no hubo un proceso de transición de mando, se encontraba el hecho que para no producir reacciones político sociales, el gobierno saliente había creado una pérdida mensual de más de Q20 millones en los ingresos y egresos del sistema de alumbrado domiciliario en el país, protegiendo por el contrario a los grandes consumidores, a quienes les permitió recibir la electricidad a un precio más bajo que a todo otro usuario.
Reajustar y hacer pagar una tarifa real en los servicios públicos siempre ha sido políticamente muy difícil y prueba de ello es que hoy en día la municipalidad de Guatemala, que continúa siendo dirigida por Álvaro Arzú, recibe y otorga millones de quetzales en el transporte público urbano. Sin embargo, cuando se otorga un subsidio, éste debe ser temporal, directo y calificado, también debe ser un subsidio a las personas de menores ingresos y no un subsidio indiscriminado por cuanto ello implica injusticia y por supuesto apoyo económico para quienes no lo necesitan por tener suficientes ingresos.
Ante esa situación, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nacional de Electrificación, (INDE), buscó aceleradamente encontrar una alternativa que fuera adecuada y justa, respuesta que en lo relativo a la energía eléctrica se consideró era crear una tarifa social domiciliaria, que cubriera a los consumidores de 0 a 300 kilovatios/hora/mes, logrando así un subsidio directo, temporal y calificado, que paulatinamente debería irse reduciendo, logrando con ello que las industrias, los comercios y los consumidores domiciliarios de mayores recursos pagaran la tarifa real y no recibieran ningún beneficio o subsidio.
Asimismo, se efectuó una negociación con los cogeneradores que habían logrado, en gobiernos anteriores, recibir un mercado donde obtenían sustanciales beneficios económicos a cambio de suplir y complementar la producción eléctrica en el país.
El tiempo ha transcurrido y ello ha implicado que tres gobiernos sucesivos hayan reajustado y reducido la tarifa social. En el momento actual, la tarifa social debe mantenerse, pero simultáneamente debe impedirse que muchas municipalidades abusivamente cobren a veces más del doble de lo que pagan e invierten en el alumbrado público. También debe impedirse que comercializadoras de las municipalidades, como es el caso de Quetzaltenango, arbitraria e ilegalmente, obtengan electricidad del INDE a mucho menor precio que el que la misma tiene como costo, vendiéndola en su municipio a todos los consumidores sin excepción a precios más bajos que los costos reales, no como un subsidio sino como una medida política demagógica.
Si se evita el sobre cobro del alumbrado público municipal, también se impide el abuso que cometen las comercializadoras municipales, se logrará de inmediato recudir el déficit del INDE y se podrá mantener la tarifa social existente, como lo que es y debe ser: un subsidio temporal, directo y calificado a favor de quienes menos ingresos poseen y también menos luz eléctrica consumen.
¡Guatemala es primero!
