Jorge Mario Andrino Grotewold.
@jmag2010
Los momentos de transición son coyunturales. Mientras el pueblo se regocija de la victoria ciudadana, y acepta a un gobierno de transición impuesto por negociaciones políticas, otros intereses rondan al Estado, desde aspectos espurios contrarios a la ley, donde se espera que la CICIG y el Ministerio Público continúen su labor en contra de los cuerpos clandestinos y contra la corrupción; pero también existen espacios aprovechados para intentar, desde la óptica legal, facilitar intereses contrarios a la nación y por ende sin legitimación.
Estos movimientos regularmente pasan desapercibidos del espectro público, ya sea porque son realizados por grupos de poder que no desean que estas intenciones o negocios sean conocidos, o bien se realizan con cierta publicidad, impulsadas con un velo de supuestos aires favorables para el país, regularmente proveídos de apoyos clientelares de analistas, técnicos y especialistas.
La coyuntura define entonces, como se conoce, la oportunidad de poder desarrollar una propuesta o bien concluirla bajo las narices de la población, que quizá se percate del proceso ya tardíamente o bien la desconozca por completo, hasta que el daño se convierte en irreparable, y el beneficio de unos pocos es evidente, en detrimento del Estado.
Así, se denotan en este caso particular, la iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para sustituir los beneficios impositivos regulados a favor de empresas con emprendimiento comercial, que sustituye a la normativa que otorga privilegios a empresas como las maquilas, y que es considerada por la OCDE como una competencia desleal. Interesantemente, la iniciativa se presenta en un momento tan oportuno como la transición, esperando que bajo el “velo” de favorecer la inversión y con ello mejorar la economía, entidades como los “call centers” puedan dejar de pagar impuestos al Estado.
El Ministro de turno, no hace más que continuar una propuesta nacida desde hace varios meses por el anterior, y que este último no encontró los tiempos políticos adecuados para presentarla oficialmente, pero de ahí la importancia de la coyuntura. ¿Será que el Presidente de la República está consciente del daño que representa una acción de esta naturaleza? Cuando los actores serios de política pública del Estado reconocen que su iliquidez y desfinanciamiento se debe a los factores de corrupción y baja recaudación. La meta importante es fortalecer a la SAT, pero estas iniciativas buscan continuar con los privilegios a sectores específicos que aparentemente “favorecen” al país.
Y encima de todo, la iniciativa llega al Congreso de la República sin dictámenes técnicos de las instituciones que deben emitir la política fiscal del país (el Ministerio de Finanzas Públicas) ni de quien la hace operativa (la Superintendencia de Administración Tributaria), supuestamente porque no hay más tiempo. De nuevo la coyuntura aplicada. Y nadie puede estimar el gasto tributario que significa, ni determinar si existe también una efectiva inversión de las empresas internacionales como para establecer si los incentivos fiscales son justificados o no.
Sin lugar a dudas las líneas 1 y 2 siguen operando, algunos con moral alta porque se creen de guante blanco y otros que, piensan que son intocables por sus contactos políticos. El fortalecimiento del Estado es imperativo, de forma transparente y con ello hacerlo eficiente. Pero también debe protegerse, de quienes aprovechan coyunturas y transiciones para desfalcarlo. Guatemala ya despertó.
