Francisco Cáceres Barrios
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El tradicional mal manejo de los recursos públicos nos ha llevado a exigir una imperiosa austeridad. Para nadie es aceptable la excusa de que no hay recursos para crear, reparar o darle el debido mantenimiento a los edificios públicos, en especial a las escuelas, los hospitales o la infraestructura del país, mucho menos que no se cuente con la suficiente cantidad de personal, equipo y medicinas en las unidades hospitalarias para atender como se debe a la población. Por lo anterior me pongo de pie para aplaudir la decisión del gobierno de don Alejandro Maldonado para evitar gastos superfluos este fin de año, y que la prioridad de los mismos debe ser el pago de salarios y cumplir los compromisos internacionales.
Eso que los sindicatos de empleados del Congreso de la República hayan recibido de su Directiva Q45 mil para sus convivios navideños resulta un abuso, además de insultar a la sociedad guatemalteca y todo, porque en mala hora se firmó un pacto o convenio en que eso debe hacerse, pisoteando con ello la dignidad de los guatemaltecos quienes, esta misma semana, recibieron la ingrata noticia que tampoco el Hospital Roosevelt prestaría sus servicios como lo ha venido haciendo, ante la falta de los insumos indispensables. ¿En dónde quedó entonces la inteligencia, el orden, el respeto y el cumplimiento de la ley para utilizar los recursos públicos única y exclusivamente para lograr el bien común y preservar la vida humana? ¿En dónde dejamos tirado el buen raciocinio para que la población, quien sufraga el presupuesto, no tenga el derecho de exigir que los fondos se destinen al buen funcionamiento de la administración pública? y ¿desde cuándo aceptamos que la chupadera, convivios y hartazones de los empleados públicos sea algo esencial?
Los trabajadores, sin distingos de raza, credo, ocupación o sexo merecen el respeto y la consideración de todos, por ello no deben existir privilegios, ni que los fondos públicos se destinen para sufragar gastos para parrandear, mientras sigue sin haber dinero para atender necesidades prioritarias, por ejemplo, para pagar los alquileres de la Policía Nacional Civil. Aceptar este desmadre, es igual a cometer un delito de lesa majestad, por lo que la decisión gubernamental de prohibir este año las celebraciones y los gastos superfluos no debiera ser solo para los últimos días del presente año, sino para los 365 de todos los años venideros. Ahora bien, quienes deseen vivir de parranda por cualquier motivo, causa, razón o circunstancia lo podrán seguir haciendo, pero, sufragado por ellos mismos. Como dice el refrán “el que quiere celeste que le cueste”, como que la norma sea para todas las entidades del Estado, incluso las autónomas y descentralizadas.
