Jorge Santos
Los hechos ocurridos luego de abril, en cuanto a las capturas e investigaciones contra funcionarios corruptos o impunes, incidieron en la generación de importantes movilizaciones sociales exigiendo no sólo la profundización de las investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios corruptos, sino también la reforma al Modelo de Representación Democrática, situación a que hasta la fecha no se ha dado.
A lo largo y ancho del país, la ciudadanía se activó, movilizó y exigió cambios profundos del sistema. Las exigencias más sentidas de la población giraron alrededor de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como a otras importantes leyes que hoy se convierten en el incentivo para la corrupción; también los pueblos en las muchas movilizaciones masivas exigieron depuración de los tres órganos del Estado guatemalteco. Sin embargo, uno de los temas centrales en dichas exigencias giró en torno a que no existían las condiciones para que el derecho humano de elegir y ser electo se garantizará en un marco de libertad plena.
Esta importante demanda de suspender o atrasar el proceso electoral suponía, al menos, tres aspectos vitales para el futuro de la débil democracia guatemalteca; el primero de ellos estaba basado en que una vez la convocatoria a las elecciones se realizara, las y los actores políticos tradicionales y vinculados a la transa, la corrupción y la impunidad de manera mayoritaria iban a ser quienes llenarían las casillas de participación y con ello la garantía de que los mismos políticos llegaran al escenario de las instituciones públicas y con ello la perpetuación de dichos males. El segundo factor importante para modificar el escenario electoral, está dado en el sentido de garantizar que las reformas legales planteadas, fueran finalmente realizadas, sin la posibilidad de modificación por parte de los políticos tradicionales.
El tercer aspecto central de esta demanda, giraba en un sentido amplio de la voluntad política para la transformación del Estado, en tanto que el propósito era imposibilitar la participación de candidatos vinculados a la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, el enriquecimiento ilícito y por ende en la garantía de que el actual modelo clientelar, corrupto e impune imperante en el país continuara. Sin embargo, no sólo no se modificaron las fechas para el proceso electoral, tampoco se concretó ninguno de los tres aspectos descritos anteriormente.
Esta imposibilidad trajo consigo la profundización de la falsa democracia vivida hasta hoy y que produce los males sociales por los cuales la población se movilizó. Tanto el 6 de septiembre, como el 25 de octubre se demostró un profundo rechazo a este sistema democrático, haciendo ganar al representante de la antipolítica, en donde triunfó lo más añejado de la política contrainsurgente y el terror de Estado y en donde actores vinculados a actos de corrupción rápidamente reconstruirán el status quo vivido. No sólo el Ejecutivo da muestra de esta falsa democracia, sino también un Congreso conformado exactamente, igual o peor al que termina el 14 de enero de 2016.
