Javier Estrada Tobar
jestrada@lahora.com.gt – @JAVIEResTOBAR
En los últimos meses pudimos observar varios golpes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público a complejas estructuras de corrupción incrustadas en el Estado, que dieron como resultado las detenciones de funcionarios públicos, empresarios y particulares.
Con acciones sin precedentes en el sistema de justicia, en conjunto la CICIG y MP dieron clases magistrales a varios operadores de justicia ineficientes, sobre cómo se realizan investigaciones profesionales y efectivas contra el crimen organizado que deberían derivar en procesos penales y condenas.
Para los funcionarios públicos y empresarios, la enseñanza es que nadie es superior a la ley, y que todos son susceptibles de ser perseguidos penalmente si se involucran directamente o indirectamente en hechos delictivos; no importa si se trata del presidente de un organismo de Estado o de un empresario de alto nivel, todos pueden caer.
Y para el resto de guatemaltecos, los que permanecemos al margen de los casos como observadores, la cruzada contra la corrupción representa una lección sobre la importancia de entender y poner en práctica la cultura de legalidad.
Es importante que en este contexto retomemos algunos conceptos y definiciones de la cultura de legalidad, que durante mucho tiempo quedaron en el olvido por causa de la pérdida de valores y principios, y por la impunidad que permitió a los corruptos salirse con la suya.
Ahora, a pocos meses de una renovación de cargos en el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos que estar claros en que ocupar un cargo público es un privilegio que implica trabajar para el pueblo y servir únicamente a los intereses del Estado.
La administración pública no necesita de personas que lleguen a hacer negocios, a favorecer a sus amigos o legislar para beneficiar a los grupos de poder, sino todo lo contrario, a trabajar por los que menos tienen y necesitan más ayuda.
También es de destacar que ser empresario y hacer negocios con el Estado, sin bien implica la necesidad de obtener ganancias, no puede entenderse como una forma de aprovecharse de los recursos públicos o de la confianza de la ciudadanía en el sector privado.
Ayer, tras ser detenido por su supuesta implicación en un caso de corrupción, el expresidente del Congreso y empresario, Pedro Muadi, dejó muy claras las cosas. “Nunca debí involucrarme en la política… No se lo recomiendo a nadie”, dijo.
Eso es lo que quiero expresar en esta opinión. No le recomiendo a nadie que se involucre en la política o en la administración pública, a menos de que su único interés sea aportar su trabajo a Guatemala y los guatemaltecos.
Creo que la ciudadanía tiene que unirse a los esfuerzos de la CICIG y el MP, no solo reconociendo el trabajo de los funcionarios que dirigen esas instituciones, sino adoptando códigos de ética enfocados a la cultura de la legalidad.
Ya está demostrado que Guatemala puede cambiar, pero necesita el compromiso de todos. La pregunta es: ¿Estamos dispuestos a ser parte del cambio?
