El comportamiento de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al negarse, por empecinamiento y capricho, a dar posesión de su cargo a quien fue electo por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos para integrar esa Junta Directiva, es un acto arbitrario e ilegal que no puede tolerarse porque violenta el estado de Derecho y pone en entredicho a la entidad encargada de dar cobertura social a los trabajadores del país.
El nombramiento fue hecho de conformidad con lo que establece la ley y si por alguna razón alguien pudiera considerar que no es así, tiene que demostrarlo ante los tribunales competentes, pero no puede ser ni la Junta Directiva ni el Presidente de la institución quienes se abroguen el derecho a calificar la decisión adoptada por la máxima autoridad universitaria de acuerdo a sus propias normas y a las demás leyes de la República.
No existe ninguna razón para impedir el ingreso a las instalaciones del IGSS del profesional nombrado por la Usac para que integre la Junta Directiva del Seguro Social. En la ley que rige a la institución se establece que tiene que haber un miembro de la Junta Directiva nombrado por la Universidad de San Carlos y esa competencia recae en el Consejo Superior de la máxima casa de estudios que tiene absoluta libertad para escoger al profesional que por ley los represente. El delegado de la Universidad no tiene más que presentar la certificación de su nombramiento y su documento de identidad personal para tomar posesión del cargo y en caso de alguna circunstancia que pudiera inhabilitarlo, la misma tendría que ser probada de manera fehaciente mediante los mecanismos legales que corresponden y no mediante un portazo en la cara, que es lo que ha hecho la actual autoridad del Seguro Social.
En Guatemala estamos acostumbrados a pasarnos la ley por el arco del triunfo, y cada quien hace lo que le da la gana porque no hay sentido de las responsabilidades en que se incurre por acción o por omisión. El régimen de impunidad largamente consentido nos ha hecho un país sin respeto a la ley y donde el capricho da lugar a la arbitrariedad e ilegalidad.
Creemos que en este caso no basta con un Amparo para restablecer los derechos violentados, sino que se debe analizar la responsabilidad que pueda existir por el acto arbitrario que impidió a la Universidad de San Carlos estar debidamente representada de conformidad con la ley, de manera que en el país hagamos valer realmente el régimen de legalidad y terminar con los abusos históricos.
