Adolfo Mazariegos
Al momento de empezar a escribir éstas líneas todavía no se sabe quién de los dos aspirantes a la primera magistratura del país estará al frente del Ejecutivo (pero lo sabremos ya cuando aparezcan publicadas). Esto me permite, sin tener aún el conocimiento de quién es el nuevo presidente o presidenta, hacer una breve reflexión en torno a tres temas puntuales y urgentes que me parece necesario abordar. El primero de ellos es la necesidad latente que tendrá el nuevo (o nueva) gobernante de mostrar resultados inmediatos y concretos en su gestión, dado que (es de esperar) tendrá los ojos de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil siguiéndole muy de cerca. El nuevo gobernante se encontrará con un escenario en el que no la tendrá fácil, y por lo tanto tendrá que actuar con mucha prudencia, con toda la transparencia de la que pueda disponer, con una visión de reforma y de fortalecimiento institucional, de consensos, y aliándose con la ciudadanía misma. Todo ello, como producto de lo que muchos (partiendo de los acontecimientos que se iniciaron en abril pasado), han dado en llamar el despertar de la ciudadanía guatemalteca, algo que era de esperar y que se celebra haya sucedido. Indiscutiblemente la participación ciudadana en la toma de decisiones es importante, pero asimismo es importante el seguimiento, la fiscalización, y la realización de eso que muchos denominan una necesaria auditoría social. Un segundo tema a considerar es la imperante necesidad de que el Ejecutivo propicie e impulse, sin que ello implique interferencia de poderes, un trabajo legislativo inmediato, transparente y honesto, congruente con la realidad nacional y en función de lo que se supone sea el beneficio colectivo. En ese sentido, resulta urgente la reforma de leyes que muchos de los que ahora formarán parte del nuevo Congreso de la República utilizaron como caballito de batalla en sus respectivas campañas, entre éstas la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de la Contraloría General de Cuentas, la Ley del Servicio Civil, y la Ley de Postulaciones, entre otras. El tercer tema y no menos importante es el presupuesto del Estado. Ambos candidatos hicieron ofrecimientos de distintas índoles, algunos de estos inclusive fueron catalogados como descabellados e irrealizables, pero más allá de lo que es posible o no, existe una realidad evidente que puede traerle serios problemas a cualquier gobernante: un Estado desfinanciado y un alto desorden fiscal. Los ofrecimientos de campaña tuvieron poca sustancia, poco sustento, nadie lo puede negar, particularmente en lo concerniente a explicar claramente cómo y de dónde saldrán los recursos para ejecutar lo que han ofrecido. El panorama que espera a quien gobernará el país durante los próximos cuatro años no es alentador, pero es también, al mismo tiempo, una gran oportunidad para hacer bien las cosas desde el principio, con honestidad, con transparencia, con apego a la ley, y en función del bien común.
