Factor Méndez Doninelli
Hay quienes sostienen que las protestas ciudadanas semanales ocurridas en el país entre el 25 de abril y el 27 de agosto 2015, fueron “un despertar de la población”, afirmación que no comparto y que discrepo por imprecisa y alejada de la realidad histórica social.
Históricamente la población, la ciudadanía y sobre todo las organizaciones sociales y populares, en todas las épocas han sostenido una constante movilización luchando por la defensa de sus derechos e intereses. Lo demuestran, la resistencia heroica de los pueblos originarios, la lucha incesante de las organizaciones campesinas y comunitarias por el derecho a la tierra, la defensa de la vida y el territorio. En años recientes, la resistencia pacífica a actividades de extracción minera, la construcción de hidroeléctricas, la extensión del monocultivo de palma africana o el reclamo por la contaminación del medio ambiente y los ecocidios ocurridos, evidencian la permanente exigencia y reclamo social por el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.
Lo ocurrido en 2015 es una ruptura con el pasado represivo, la conducta de irrespeto y violación a derechos humanos, el abuso de poder y uso indiscriminado de la fuerza ejercida por dictaduras militares y civiles para aplacar la protesta social, violar derechos constitucionales y humanos, sembrando entre la población civil una cultura de terror, de miedo, de silencio, que congeló por un tiempo los gritos de libertad.
La protesta ciudadana que tomó calles y ocupó plazas públicas, ha superado y revertido esa perversa situación que hasta ahora impedía a la población reconstruir la cultura de denuncia, de reclamo y de legítima resistencia, recobrar la palabra y clamar inconformidad con el actual estado de situación, dominado aún por la corrupción e impunidad. Lo inédito de los sucesos ocurridos en Guatemala, es que las movilizaciones masivas y pacíficas, depusieron a gobernantes corruptos y personajes siniestros que burlaron la confianza de la población, saquearon las finanzas del Estado en beneficio personal y en perjuicio del bien común.
La reciente visita a Washington, D.C. de una delegación de comunidades y organizaciones sociales para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de las actividades de agroindustria de palma aceitera en Guatemala y de las y los defensores de Derechos Humanos, es otro ejemplo. Las comunidades afectadas han presentado ante el Estado denuncias, comunicados y conferencias de prensa para plantear las graves consecuencias de las plantaciones de palma aceitera en su territorio. Aseguran que ninguna de estas acciones provocó cambios en el actuar de las empresas. Al contrario, las poblaciones son criminalizadas, perseguidas y reprimidas.
La delegación conformada por Margarita Osorio (red de comunidades afectadas por la palma africana región Norte), Saúl Paau (Comisión municipal de Sayaxché, por la contaminación del río la Pasión), Eduardo Juárez (Comunidades de la Costa Sur en defensa del Territorio, La Blanca, San Marcos) y Juan Castro (Asociación de Abogados Mayas), sostendrá reuniones con actores estratégicos para generar espacios de incidencia, buscar soluciones a los problemas y respeto de derechos de comunidades indígenas y rurales afectadas por plantaciones de palma aceitera.
También se reunieron con Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, acompañados de otras organizaciones de sociedad civil, así como defensoras y defensores de Derechos Humanos de América Latina,
