Francisco Cáceres Barrios
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En Guatemala somos media vida, Dios guarde uno vaya a criticar a un sindicalista o no pueda estar de acuerdo con los subterfugios que emplean sus llamados líderes para obtener prebendas y beneficios, que luego le endilgan el marbete de “enemigo del sindicalismo”. Por lógica, si entendemos todos por sindicato la entidad que aboga por la consecución de mejoras laborales, jamás podríamos estar de acuerdo con que ello pudiera significar causarle perjuicio a la población, mucho menos a la más necesitada. Esto último es lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, con los empleados del magisterio, los de salud o del Congreso de la República.
Nadie duda que de un tiempo a esta parte ha sido demasiado obvio que los politiqueros candidatos a un puesto de elección popular se acercan a los trabajadores de determinado sector o viceversa, para ponerse de acuerdo para que a cambio de dictar la consigna de votar por ellos, se otorguen jugosas prestaciones laborales a la hora de estar en el poder. Con esto más, que en cuanto al aumento de salarios no se conceden sobre la base que los empleados mejoren su rendimiento y el mejor cumplimiento de sus deberes, sino que ¡viva la Pepa! Suman y siguen las asambleas permanentes, paros, huelgas o cualquier otra cosa que signifique holgazanería dejando a la población que requiere de sus servicios con un palmo de narices.
No puede dejarse de lado que los recursos públicos con que se pagan los salarios y prestaciones de los empleados públicos provienen del aporte de impuestos y contribuciones de la población, de donde surge un gran contrasentido pues no son útiles para mejorar la calidad de los servicios que se prestan, sino que sin aplicar el más insignificante método de evaluación, todos, absolutamente todos reciben incrementos salariales. Si alguien cree que esto no es así, en especial los llamados líderes de los sindicatos que reciben concesiones y canonjías especiales ¿alguien cree que sean evaluados por la calidad del desempeño de sus obligaciones para con la población?
Todo esta ingratitud ha representado mucho, muchísimo dinero, que en vez de haber sido trasladado para cumplir con los servicios que la población espera, ha servido de merma considerable de los presupuestos de gastos del Estado, al punto de representar más de Q3 mil 560 millones anuales para granjearse el apoyo de un politiquero. Eso no puede seguir así y si algún sindicalista intentara pegar el grito al cielo por terminárseles la jauja en que hemos estado viviendo, pues para eso fue concebida la consulta popular en nuestro régimen legal ¿O es que la voluntad de la mayoría no debiera privar sobre los intereses de unos cuantos?
