Estuardo Morán
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“Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”
José Ortega y Gasset
Guatemala a pesar de ser la economía más grande de Centro América y de ser un país rico en recursos naturales y culturales, se presenta ante el mundo como un país con grandes rezagos sociales, que pocos o quizá ningún país del continente americano es capaz de superar. Es el país con la tasa de pobreza más alta y es uno de los tres países con la distribución del ingreso más desigual de América Latina. El Índice de Desarrollo Humano es uno de los más bajos del continente y solo está por arriba del de Haití, Nicaragua y Honduras (año 2013). En términos de oportunidades para la niñez, Guatemala tiene el Índice de Igualdad de Oportunidades más bajo de la región (de una muestra de 19 países). Si se continúa examinando más indicadores sociales, las cifras siempre convergen al mismo fenómeno: somos un país con rezagos sociales profundos. De esta cuenta, es importante evaluar las brechas sociales que existen entre diferentes grupos sociales porque las realidades tienden a ser más profundas cuando existen importantes signos de exclusión social hacia determinados grupos de la sociedad.
En Guatemala existe brechas sociales importantes en los ámbitos urbano-rural, indígena-no indígena, y entre hombres y mujeres. Las brechas sociales se manifiestan de diferentes formas y en diferentes grados. Podemos hablar de los factores más visibles y más comúnmente abordados; por ejemplo, las diferencias en los niveles de pobreza entre población indígena y no indígena, donde la tasa de pobreza o la probabilidad de ser pobre de una persona indígena es casi tres veces la probabilidad de ser pobre de una persona no indígena. O las diferencias entre las condiciones de pobreza entre la población urbana y rural, las cuales presentan patrones similares, pero con un poco más de profundidad. Las diferencias entre los índices de pobreza de esos grupos sociales tienen causas históricas que es necesario entender y asimilar para poder avanzar hacia el futuro como país.
La educación está altamente asociada con el nivel de desarrollo de un país. Las brechas educativas entre diferentes grupos sociales son abismales y demanda esfuerzos significativos en términos de inversión en educación. Según el Censo Nacional de Población de 2002, el último censo disponible y la fuente más completa para describir la situación educativa del país, los contrastes son alarmantes. Mientras que los años promedio de escolaridad de la población urbana eran de 6.0, el promedio para la población rural era de 2.3; de igual manera, el promedio de años de escolaridad de la población no indígena era de 5.4 y el de la educación promedio de la población indígena era únicamente de 2.2. Las diferencias entre hombres y mujeres son también significativas, pero el grupo social con la mayor desventaja es ser mujer e indígena, los años de escolaridad para una mujer de este grupo es de apenas 1.6. También se encuentran en una clara desventaja la persona que es mujer y reside en el área rural, la escolaridad promedio para este grupo en 2002 era 1.85. Las disparidades en educación condicionan otras y limitan el crecimiento emocional y material de la población excluida y también limitan la integración de las personas afectadas a una sociedad que por su naturalización intrínseca los rechaza. Esa fracción de la sociedad que se mueve en ese círculo perverso de pobreza y de niños desnutridos que no pueden desarrollar su capacidad cognoscitiva mínima están condenados a seguir en esa ruta que les hemos marcado.
Las condiciones de exclusión y desigualdad crónica hacia lo indígena y lo rural se consideran, de acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, una de las causas de la guerra civil que desangró al país por 36 años. En esta guerra alimentada por los embates de la Guerra Fría, conflicto entre los países occidentales (liderados por EE. UU.) y el bloque soviético, perdieron la vida o fueron desaparecidos más de 200 mil guatemaltecos y cerca de 1,000,000 de personas fueron desplazadas desde sus comunidades de origen hacia otras regiones del país o a otros países (México y EE. UU., principalmente). La población más afectada fue la población indígena y la población rural de los departamentos de alta intensidad de la guerra (Quiché, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango). En 1996 cuando se firmaron los Acuerdos de Paz se establecieron una serie de compromisos que implicaban de alguna manera el deseo de reducir las brechas sociales para configurar una sociedad más solidaria. Lamentablemente en nuestro país las ideas radicales de la Guerra Fría parece que quedaron congeladas y sin que les afecte el calentamiento global. No hay forma que derrumbemos nuestro muro de Berlín, las patrullas de autodefensa civil aún tienen protagonismo y los grupos económicos se resisten a dejar de ver el país como su finca y no ceden nada de sus derechos coloniales para permitir un país con un mayor grado de integración social. Así, 20 años después de firmados los Acuerdos de Paz el ansiado incremento en la inversión social no ha llegado, el ansiado crecimiento económico acelerado para la generación de empleo tampoco se ha hecho presente y cualquier intento de aumento de la recaudación fiscal ha sido sistemáticamente frenado por las elites y su estructura institucional hecha a su medida.
Guatemala presenta altos niveles de desigualdad y pobreza, y una brecha significativa entre los niveles de vida de la población rural-urbano e indígena-no indígena. Las necesidades para disminuir la desigualdad y la pobreza son altas y los recursos para lograrlo son extremadamente pequeños. La política fiscal hace muy poco o nada para reducir la desigualdad y la pobreza en general. Dados los intentos sucesivos de reformas fiscales que han resultado inútiles, Guatemala representa el típico caso de un libro de texto que ilustra el poder de las élites para bloquear cualquier intento de reformas impositivas pro-pobres.
Guatemala necesita urgentemente salir de este prolongado retardo, urgen reformas institucionales profundas, que democraticen su funcionamiento y alejen a los grupos que las han tomado y que se ha adueñado de sus objetivos originales, haciéndolas poco útiles para la sociedad. Ejemplo de ello son los partidos políticos, el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, o las mismas instituciones “autónomas”, etc. A pesar de que la sociedad en los meses recientes ha dado muestras de que con unidad y persistencia los cambios se pueden ir orientando a la dirección correcta, se necesita seguir fortaleciendo la auditoría social y la transparencia en el manejo de los recursos públicos (financieros y naturales), y fundamentalmente, el cese de la impunidad.
