Isabel Pinillos – Puente Migraciones
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La migración presenta distintos dramas dependiendo del lente desde el que se vea. Sólo hace unas semanas, fue detenido un contenedor en Texas, que transportaba a 39 migrantes a punto de la muerte, debido al hacinamiento y falta de aire. Dentro del grupo había cuatro menores de edad.
Para los Estados Unidos, el tema de migración representa una amenaza que debe ser detenida. Para unos desde las fronteras, para otros desde las escuelas y los barrios. Aunque algunos lo consideran un flagelo social, el migrante contribuye con su trabajo productivo en ese país.
Es de hacer notar que la “reducción de la migración en la región” ha sido un tema central en la política exterior de EE. UU., la cual se ha combatido en un frente de seguridad con el Plan Frontera Sur, con la asignación de recursos para fortalecer las fronteras del sur, para frenar el flujo migratorio en México y Centroamérica (ver https://wpvip.lahora.gt/produccion/frontera-sur-llega-a-la-region/ y https://wpvip.lahora.gt/produccion/frontera-sur-persecucion-de-centroamericanos/). Pero la migración también busca reducirse mediante el “Plan Alianza para la Prosperidad (PAPP)”, diseñado tras la crisis de niños no acompañados en julio de 2014, consistente en una atractiva inversión millonaria para los países de la región, a cambio de ciertas condiciones por parte de los estados. Parte de dichas condiciones está depurar a los impresentables, acción que ya comenzamos a ver sus efectos.
Dentro de este contexto, en menos de seis meses regresa al país el recién nombrado subsecretario de Estado, Thomas Shannon, al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), que reúne al sector productivo del país, autoridades de los tres poderes del Estado y sociedad civil. En su visita aprovechó para decir que es el “momento ideal” para solicitar al Congreso de EE. UU. la aprobación del PAPP. Pareciera además que el motivo de la participación de Shannon en el Enade sería atraer a potenciales inversionistas para el PAPP.
Sin embargo, una debilidad desde su concepción, es que la puesta en marcha del plan esté a cargo de alianzas público-privadas, lo que podría generar un conflicto de intereses ya que el desarrollo de las comunidades casi nunca coincide con los intereses de las grandes empresas y el aprovechamiento de recursos que tantos conflictos ha generado.
Siendo la seguridad uno de los principales ejes que busca fortalecer el plan, el cual sin duda afecta a El Salvador y Honduras por ser un motivo principal de emigración en áreas urbanas, no es éste el caso de Guatemala. Los fondos designados a este tema, no harían ningún impacto en mitigar la emigración en lugares como Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango. No obstante, para EE. UU., éste sí es un tema crucial, para detener el contrabando de armas que sale del país, y controlar el narcotráfico.
Además, el gobierno estadounidense condiciona la transparencia en el manejo de los fondos, lo cual es un presupuesto básico para cualquier proyecto de inversión. Aunque ya comenzó a haber una depuración del Estado, todavía existe un proceso que debe seguirse para “limpiar la casa” lo cual requerirá de un esfuerzo adicional por parte del Legislativo para aprobar leyes que garanticen mecanismos de transparencia.
Pareciera que la fórmula mágica para reducir la migración es generar desarrollo en los lugares donde existe mayor flujo migratorio. Pero ojo, una implementación del plan de manera incorrecta, y por los actores menos idóneos, podría generar el efecto contrario. La propuesta debe partir reconociendo a las comunidades más pobres y de población indígena, y su empoderamiento para que dentro de ellas se encuentren las soluciones que impulsen el desarrollo, salud, educación y seguridad para que migrar, ya no sea una necesidad.
