En los distintos análisis que se han leído en los últimos días sobre la situación del país y las perspectivas de cambio existentes, se nota que hay coincidencia en cuanto a que el problema no estriba únicamente en personas sino en el sistema que alienta la corrupción y se funda en la impunidad. Los pasos más importantes y visibles que se han dado han sido para golpear el muro de la impunidad, mismo que se encuentra sometido a una prueba decisiva con los casos del IGSS, La Línea y el Bufete de la Impunidad.
La coincidencia es casi absoluta sobre la necesidad de introducir reformas profundas al sistema que parten de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que se tiene que completar con normas para crear una efectiva Contraloría de Cuentas, un nuevo régimen de servicio civil y por supuesto, nuevas reglas para las compras y contrataciones del Estado.
Y es aquí donde el problema adquiere proporciones diferentes, puesto que es necesario disponer de un Congreso comprometido con ese interés general de cambio en el país y ello será absolutamente imposible si los que tienen en sus manos la legislación serán precisamente los diputados electos con arreglo al sistema, lo que equivale a decir que son diputados electos como resultado de las mañas y componendas que hay en los partidos políticos para la asignación de las curules.
Quienes vienen de afuera a aplaudir la actitud de los guatemaltecos en los últimos meses tienen que entender que defender el Estado de Derecho, como aspiración suprema para la sociedad, no implica necesariamente defender la institucionalidad viciada que, precisamente, rompe con el Estado de Derecho y lo prostituye.
No hablamos de cambiar toda la constitución política, pero sí de forzar a que se pueda efectuar una depuración que no pudo salir de las urnas porque la forma de elección no lo permite. A la hora de votar por los diputados, hasta el más inteligente de los ciudadanos y el elector más preocupado por llevar al Congreso a la mejor gente, se topó con una tarea materialmente imposible, porque aun encontrando buenos candidatos, al darle a uno de ellos su voto terminaba votando por toda la planilla y eso significa que por cada bueno que pudiera ser encontrado, se metían alrededor de cinco “dipulacras” de los que ya conocemos. Y eso en el optimista supuesto de que se pudiera encontrar material decente en las listas.
La depuración del Congreso es un imperativo y sigue siendo la tarea pendiente del proceso de reforma.
