Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Para citar una analogía que se pueda entender, seguramente si ahora los empresarios del grupo Pisa que negociaron con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la atención al enfermo renal vinieran a alegar que se está violentando su derecho legal porque ellos firmaron un contrato, y que al despojarlos del mismo se envía un pésimo mensaje a los potenciales inversionistas en Guatemala, todos diríamos que son unos descarados porque ese negocio llegó a contratarse precisamente por la forma corrupta de negociar, sobornando a quienes tenían que tomar las decisiones.
No nos podemos llamar a engaño pues muchísimos de los negocios hechos con el Estado o autorizados por el Estado en nuestro país son producto de sobornos y mafiosas componendas. Por supuesto que se puede obtener un contrato para vender medicinas a un precio exorbitante porque esa es la norma y hay que salpicar a las autoridades superiores, pero eso no significa que el negocio deba ser reconocido siempre como legítimo y que no se pueda investigar en el futuro hasta castigar a los responsables.
La tradición se ha impuesto y ha permitido que los negocios turbios se consagren porque nunca son investigados y el cuestionamiento público se queda simplemente en eso, en puro cuestionamiento mientras los beneficiarios de los trinquetes se siguen hartando con el dinero mal habido. En muchos casos hasta se observan perfectamente los requisitos legales y se preocupan por dar apariencia de transparencia al trinquete, pero eso no cambia su propia esencia de acto de corrupción.
“Legalmente” se puede obtener un negocio que constituye una concesión mediante el disfraz de un arrendamiento de bienes públicos, pero el cumplimiento de los requisitos formales no implica la legalidad del asunto. Tal es el caso de la Terminal de Contenedores que estableció el gobierno de Otto Pérez contra viento y marea y que ahora se escuda en el vericueto legal para evitar que pueda declararse la lesividad del negocio.
No digamos el caso de las tiendas de puerto libre que fueron establecidas con la apariencia de depósito aduanero y que ahora fueron cerradas. Los propietarios se sienten agraviados porque ellos cumplieron con los requisitos que pactaron con los responsables de la SAT que les dieron la autorización para operar, pero la figura jurídica que utilizaron no era la que correspondía según nuestras leyes a un Puerto Libre que pueda vender mercadería libre de impuestos.
Es importante saber que, como se dijo desde el principio, las autoridades de la época de Aeronáutica Civil estaban involucradas porque, según el comunicado de la empresa cuya operación fue suspendida ayer, fueron ellos los que los invitaron para que se establecieran en la Terminal Aérea de Guatemala. Seguramente fue un acto tan filantrópico como el que hacen las otras tiendas libres que funcionan para financiar obras de beneficencia y los interventores de Aeronáutica no recibieron ni un pequeño regalito de la poderosa cadena internacional.
La verdadera legalidad demanda que los negocios surgidos de actos de corrupción deban ser revertidos. Dejarlos funcionar no es certeza jurídica ni fortalecimiento del Estado de Derecho.
