Rolando Alfaro A.
Dedicado a los futuros legisladores
El otro tema de interés nacional es el que complementa esta serie y que se refiere al Ambiente, o entorno humano tan deteriorado en la República de Guatemala.
Desde que Guatemala participara en la Conferencia del Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en el mes de junio de 1972, y cuyo seguimiento, posteriormente, fuera tratado en la Cumbre de la Tierra, año 1992, han ido creciendo los compromisos adquiridos en dichos eventos por parte de nuestro país, especialmente en relación a emitir una legislación ambiental acorde con la época, a efecto de obtener un desarrollo sostenible y un ambiente compatible y sano para las generaciones tanto presentes como las futuras.
Por otra parte, conviene destacar que si bien se ha avanzado en algunos temas ambientales, también, los problemas derivados de la contaminación han aumentado proporcionalmente a la ausencia de políticas ambientales actualizadas y correctamente legisladas, además de la participación ciudadana en los asuntos de publicidad de los actos de gobierno en todo lo relativo a la preservación, conservación, globalización ambientales que en los últimos años han ido cobrando interés nacional e internacional (Rolando Alfaro Arellano. Importancia de la participación pública ambiental en Guatemala. Ponencia. XIX Congreso Jurídico Guatemalteco).
En nuestro entorno, es muy débil la información que sobre la problemática ambiental existe y quizás un medio apropiado sería fortalecer la disposición relativa al fomento de la conciencia ambiental que no ha sido debidamente cumplida en todos y cada uno de sus artículos y que se encuentra contenida en el Decreto 116 – 96, del Congreso de la República de fecha veinte del citado año.
De lo anterior se colige que, si esa conciencia ambiental falta no existirá la necesidad de proteger, preservar y mejorar el estado del medio ambiente en el país – o será que se quiere provocar otra manifestación gigantesca para hacerle saber a los organismos del Estado que seguimos en crisis y al borde del colapso social.
Conviene, entonces, refrescar las memorias de los activistas, comisiones no gubernamentales, universidades que posean programas ambientales, entidades gubernamentales, Procurador de los Derechos Humanos, y, público en general, para que no olviden que el principio número diez de la Declaración de Río, celebrada el 5 de junio de 1992, señala: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es mediante la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, cada individuo deberá tener acceso adecuado a la información relativa al medio ambiente de que disponen las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos; entre estos, el resarcimiento de daños”.
Como comprenderán mis lectores, estos principios ya fueron dados a las delegaciones que en su tiempo participaran por la República de Guatemala, pero que a la postre vemos que poco se ha avanzado y que caemos en la crisis de no contar con los instrumentos legales necesarios, es decir, no existen reglamentos que respalden a nuestra Ley de Protección Ambiental, y de nuevo los obligados a ello, caen en el ridículo de ser en un futuro cercano procesados por incumplimiento de deberes y otras imputaciones. Todo si se repite la ambición, la mala fe y los delitos en contra de la población al no poder tener una vida sana por la terrible contaminación que a pasos agigantados pulula en todo el territorio nacional.
Finalmente, si los futuros legisladores se duermen en sus laureles, omiten la emisión de una legislación correcta y éticamente responsable, podrán caer en delito y ser juzgados; por lo que el remedio que se les puede brindar es legislar en bienestar de la población y, si se les dificulta, tratar de presentar proyectos de leyes ambientales en forma individual, lo más recomendable es que codifiquen las disposiciones ambientales. Antes que sea demasiado tarde, pues sería penoso que nuestro país, continuara atrasado en este tema y se colocara en el último lugar de la producción legislativa ambiental de la región centroamericana y del Caribe.
