Estuardo Gamalero
“Se recomienda usar el pasado como trampolín no como sofá”
Harold McMillan
A finales de junio de este año, el TSE presentó al Congreso de la República la iniciativa de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Si bien dicha reforma era perfectible, es importante destacar que reunía los requerimientos que los diferentes sectores nacionales demandaron. Asimismo, conllevó una amplia deliberación entre los magistrados del TSE, en el sentido de depurar aquellos aspectos que no satisfacían la solución de algún problema.
En contrapeso, el Congreso de la República instaló una Comisión, que específicamente abordó la Reforma Electoral. Dicha Comisión introdujo cambios a la propuesta del TSE, varios de ellos positivos y otros negativos. Al decir negativos, me refiero a que lejos de fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas o la novedosa participación de la ciudadanía a través de los Comités Cívicos, ponían de manifiesto el interés por defender el “status quo” del modelo de franquicias político electorales que prevalece en Guatemala.
Si bien dicha Comisión introdujo cambios que no son de mi gusto, debo reconocer que el balance de la Reforma Electoral continuaba siendo positiva. Fundamento mi respuesta, en el sentido que el apartado del “Financiamiento” y los nuevos controles fueron respetados por la citada Comisión; y en mi opinión el origen de TODA la corrupción del Estado, empieza con la perversión del Financiamiento Electoral, pues en ella convergen: dinero del narcotráfico, patrocinio de empresarios a cambio de futuros favores y la peor de todas: la avalancha dineraria de los Contratistas que buscan garantizar sus espacios y cuotas de negocios.
Para hacer corta la historia, la reforma a la Ley Electoral fue aprobada en tercera lectura la semana pasada, con la mayoría legislativa que obliga la Constitución Política. Para sorpresa del pueblo guatemalteco, el día de la aprobación apareció una relativa avalancha de nuevas “enmiendas” que presentaron pequeños grupos de diputados e incluso congresistas en lo individual. El problema de dichas “enmiendas” es que cada día la sociedad civil, los medios de comunicación, periodistas y la ciudadanía se informan mejor y cuestionan todo aquello que perciben como una “treta” o algo chueco.
Varias “enmiendas” adheridas a la iniciativa del Congreso de la República, fueron percibidas por los sectores anteriores como “cartas a Santa Claus” las cuales no obedecen a la realidad nacional y retan la voluntad del pueblo que recogió el TSE en su propuesta inicial.
A la presente fecha la iniciativa de reforma con sus “enmiendas” y/o cartas de Santa Claus, se encuentra en la cancha de la Corte de Constitucionalidad y son sus magistrados quienes deberán brindarle su aprobación o rechazo a cada uno de los artículos.
En este aspecto, deseo plasmar algunos temas que en mi opinión constituyen cambios importantes:
1. FINANCIAMIENTO: El mismo debe mantenerse mixto (público y privado). Los modelos de financiamiento público en Latinoamérica han sido desastrosos y constituyen un subsidio que paga el pueblo. Los controles y normas de fiscalización deben ser amplias y claras. Se debe remunerar equitativamente a los Comités Cívicos, de la misma manera y/o proporción en la que se premia el voto que reciben los partidos políticos. La Contraloría General de Cuentas, debe actuar en materia de su competencia, en la fiscalización del manejo de fondos públicos. El régimen sancionatorio debe ser drástico.
2. DEMOCRACIA INTERNA: Las organizaciones políticas únicamente deben proponer candidatos en las circunscripciones que posean representatividad partidaria. El voto de las Asambleas debe ser secreto para los afiliados. La responsabilidad del Secretario y eventualmente del infractor se debe individualizar, pero en casos de fraude la responsabilidad de todos los miembros del órgano debe ser solidaria entre sí.
3. VOTO NULO: El principio fundamental es que se reconozca la voluntad de la mayoría, lo cual permita a las organizaciones políticas proponer nuevos candidatos, si así lo deciden las correspondientes Asambleas.
4. TRANSFUGUISMO: La idea es disuadir esa práctica política asquerosa. Sin embargo, se debe tener cuidado que al limitar la libertad de asociación, no se fomente dentro de las mismas bancadas una especie de totalitarismo por medio del cual se obligue a los diputados a actuar en determinada dirección.
5. REELECCIÓN: La reelección está garantizada en la Constitución. Lo importante es limitarla, de manera que se eviten esas dinastías perpetuas en donde un político se aferra al puesto como modelo de negocio.
6. ACCIÓN DE AMPARO: Se debe garantizar el acceso a esa medida constitucional, sin embargo, es importante normarla de manera que en materia electoral no se utilice como un mecanismo de abuso.
7. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL: La Presidencia debe ser rotativa, de manera que un eventual cacicazgo no oprima la gestión democrática interna de la institución. El Tribunal debe poder establecer los plazos para todas las etapas del proceso electoral.
